CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN) del régimen venezolano, Jorge Rodríguez, hizo pública una supuesta grabación que realizó a Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela según las actas escrutadas, durante una reunión privada que se llevó a cabo en la residencia del embajador de España en Caracas, para acordar el exilio del opositor a España.
Según Rodríguez, la ley española permite grabar a una persona sin su consentimiento. Sin embargo, las normas lo contradicen. Además, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano, bajo ningún concepto, pueden pisar la embajada de España, porque ambos tienen prohibida la entrada a la Unión Europea (UE).
“Lo que acabo de mostrar es lo que hay, es como pasó y lo que sucedió. En España puede haber un registro de video o fotografía sin el consentimiento de la persona que estaba siendo grabada”, señaló el funcionario chavista en una rueda de prensa.
Ante esta acción de espionaje por parte de los jerarcas chavistas, en un video publicado en el canal de Youtube Mundo Real, se cuestiona si es delito grabar a una persona sin su consentimiento en España, debido a que la grabación a González Urrutia, que se vio obligado a solicitar asilo en el país europeo tras la persecución y amenazas de la dictadura de Nicolás Maduro, que emitió un orden de captura en su contra, se realizó en una residencia que tiene legislación española.
De acuerdo con el video, existen distintos supuestos que pueden determinar si los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez cometieron «delito de descubrimiento» y «revelación de secreto», como lo estipula el artículo 197 del Código Penal español. O si esta acción comprende una vulneración del derecho al honor, la imagen y la intimidad del presidente electo de Venezuela, que ha asegurado que fue “coaccionado, chantajeado y presionado” para salir de su país.
La legislación de España establece que es delito grabar a una persona sin su consentimiento. Asimismo, puede constituir una posible intromisión en el derecho a la propia imagen y una infracción de protección de datos, cuando las grabaciones se realizan en un espacio en el que se presume intimidad, es decir, un espacio privado.
Contrario a lo afirmado por Rodríguez, el difundir las imágenes de personajes públicos en su ámbito privado, cuando no se encuentren en un evento de acción pública relacionada con su profesión, es considerado ilegal en España. El artículo 197 del Código Penal español establece penas de prisión de uno a cuatro años y multa para toda aquella persona que grabe o reproduzca la voz de otra sin su consentimiento para vulnerar su intimidad.
Ante esta situación, es importante preguntarse: ¿tenía conocimiento González Urrutia de que lo estaban grabando? ¿Fue informado el embajador español en Caracas Ramón Santos de que se realizaría esa grabación?.
Tensión diplomática
La relación diplomática entre España y Venezuela entró en tensión luego de que el Congreso, el Senado español y la Eurocámara reconocieron al diplomático venezolano como presidente electo de Venezuela en los comicios del 28 de julio. Un paso que no ha dado hasta ahora ningún país de la Unión Europea.
Tras esta decisión, el chavismo amenazó con romper relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con España y vinculó al país europeo en una conspiración, por la que detuvieron en territorio venezolano a los españoles José María Basoa y Andrés Martínez Adasme bajo acusaciones de espionaje y conspiración para asesinar Nicolás Maduro.
A esto se le suma la denuncia de coacción por parte de González Urrutia para firmar una supuesta carta que avala la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el régimen, que convalidaba los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) chavista, sin que a casi dos meses de la elección hayan publicado los resultados desglosados por mesas de votación.
Ante esta denuncia, el funcionario chavista Jorge Rodríguez presentó en una rueda de prensa la carta firmada por González Urrutia en la Embajada de España, en Caracas, como resultado de la «negociación», para su salida del país suramericano. Los hermanos Rodríguez afirman que la solicitud fue hecha por el propio líder opositor, tras haber permanecido oculto en la residencia del embajador de Países Bajos desde el 29 de julio.
Mientras mostraba las fotografías del encuentro, que contó con la mediación del expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de la AN amenazó con mostrar las conversaciones que sostuvieron en la embajada de España si el diplomático no desmentía esta acusación, mientras que mostraba las fotografías de la reunión en la sede diplomática española, en las que aparece junto a su hermana, González Urrutia y el embajador español, Ramón Santos.
¿Cómo responde España al acto de espionaje?
El Gobierno de Pedro Sanchez, que mantiene su posición de que su único papel fue acordar con Caracas el papeleo sobre el carro y el avión que trasladaron a González Urrutia a Madrid, aseguró que España «no tiene nada que ver» con el chantaje del que habría sido víctima el diplomático venezolano.
Esto luego de que el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, acusó al Ejecutivo español de ser «cooperador necesario» en el golpe de Estado que Maduro dio en Venezuela. El también vicesecretario institucional del Parido Popular (PP), liderado por el opositor Alberto Núñez Feijóo, cree que el «gran urdidor» es el expresidente Zapatero, que se encontraba en Caracas para el momento.
Estas declaraciones fueron rechazadas por el canciller español José Manuel Albares, quien también condenó la solicitud de diferentes líderes políticos de la oposición española que han exigido su renuncia y la del embajador español en Caracas, a quien el canciller aseguró haberle dado instrucciones directas de no inmiscuirse en las gestiones que pudiera realizar el líder opositor, por lo que se desmarcó de «cualquier documento o negociación» entre el chavismo y González Urrutia.
FUENTE: Con información canal de Youtube Mundo Real