MIAMI- Haciendo uso de un canal de televisión oficialista, Hermann Escarrá, abogado de profesión, empleó terminología legal para intentar hallarle justificación al «fraude» cometido por el régimen venezolano en los comicios presidenciales del 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó reelecto al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
El constitucionalista se pronunció a favor del recurso contencioso electoral presentado por Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia oficialista (TSJ).
«Credibilidad cuestionada»
Escarrá en una alocución televisada se encontraba con Nicolás Maduro, donde explicó la supuesta legitimidad del poder electoral en Venezuela, el cual, según él, tiene sus raíces en la visión de Simón Bolívar y fue estructurado y organizado por Hugo Chávez en la Constitución de 1999.
El constitucionalista argumentó que el proyecto presentado por Chávez a la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 no solo estableció los cinco poderes del Estado, sino que también incluyó un poder electoral, diseñado para defender la democracia, los derechos humanos y la estabilidad política de Venezuela, argumento que no es puesto en práctica por el régimen venezolano.
«Amenaza»
Escarrá lanzó una clara amenaza de «consecuencias penales», de lo que calificó como «ciertos actos delictivos» y habló de falsificación de actas y la generación de inestabilidad a través de la violencia.
Con esta intervención, Hermann Escarrá sugirió «que aquellos que no acaten las decisiones del poder electoral podrían enfrentarse a «sanciones legales», dejando claro su alineación oficialista.
¿Por qué no procede el recurso de Maduro?
Juristas especializados en derecho constitucional cuestionan la validez del recurso interpuesto por Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras evaluar las recientes declaraciones de Hermann Escarrá. Según los expertos, este recurso no procede bajo las leyes venezolanas, y su admisión por parte de la Sala Electoral del TSJ evidencia un manejo político del proceso judicial.
Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, explicó que las afirmaciones de Escarrá están profundamente influenciadas por un sesgo ideológico, alineado con los intereses del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El experto subrayó que, en lugar de hablar desde una perspectiva técnica, “Escarrá actúa como un político que busca justificar la actual situación electoral en Venezuela, favoreciendo al régimen del cual forma parte”.
El magistrado Martín explicó que el recurso contencioso electoral presentado por Maduro, respaldado por la Sala Electoral del TSJ chavista, no cumple con los requisitos legales estipulados en la Constitución y en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Según la ley, este recurso debe utilizarse para ejercer control judicial sobre los procesos electorales y corregir irregularidades causadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), no para verificar los resultados electorales, como pretende el TSJ, a pedido de Maduro
Además, señaló que la actuación del Procurador General de la República de Venezuela, Reinaldo Muñoz, como representante legal de Maduro en este caso, es inconstitucional. Muñoz, según la ley, debería limitarse a representar los intereses patrimoniales de la República, y no a defender a un candidato en un proceso electoral. Este hecho, según el jurista, “pone en evidencia una falta de capacidad legal para presentar el recurso”.
El experto en leyes también cuestionó la falta de transparencia y la legitimidad del proceso, argumentando que, “si Maduro fue declarado ganador por el CNE, no tendría sentido que intentara un recurso contencioso electoral. La falta de claridad en los propósitos de este recurso y la opacidad del TSJ en su manejo generan aún más desconfianza en el sistema electoral venezolano”, destacó.
Otro aspecto grave señalado por un experto legal en la materia, que prefirió no exponer su nombre, es “la usurpación de funciones por parte de la Sala Electoral del TSJ, que estaría ejerciendo competencias que le corresponden exclusivamente al CNE, como la verificación y auditoría de los resultados electorales”.
“La falta de pruebas para sustentar afirmaciones como el supuesto hackeo del sistema informático del CNE, vulnera el derecho a la defensa y el debido proceso”, explicó.
Ambos especialistas en la materia, concluyen que el régimen venezolano está utilizando el sistema de justicia como herramienta para ocultar la realidad electoral y mantener en secreto las actas de escrutinio, generando incertidumbre en la nación y manipulando la percepción internacional del proceso electoral.
Esta explicación legal, evidencia la falta de transparencia en las declaraciones emitidas por Hermann Escarrá, conocido por sus “saltos de talanquera” entre los linderos de la oposición y el oficialismo, lo que lo ha colocado en la lista de los personajes de la política venezolana más polémicos y despreciados por un sector importante de la población venezolana.
FUENTE: REDACCIÓN DLA
