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El expresidente boliviano Evo Morales acusó el viernes a su heredero y sucesor Luis Arce de desatar en su contra una «persecución política» y de «gobernar con sentencias y fallos» tras la decisión del Tribunal Constitucional que lo desconoció como jefe del partido gobernante profundizando la interna en el oficialismo boliviano que lleva 18 años en el poder.
«Arce ya no necesita de nadie más, con dos jueces del Tribunal Constitucional puede gobernar», dijo el viernes el político de 65 años por la radio de los cocaleros desde su feudo del Chapare en el centro de Bolivia, donde se atrincheró después que la fiscalía le inició una investigación por presunto abuso de una menor en 2016 cuando aún era mandatario.
Morales se ha negado responder ante la justicia alegando que es un «caso armado» para «sacarlo de carrera» en las elecciones presidenciales de 2025. Junto a sus bases lideró un bloqueo carretero de 23 días que desabasteció de alimentos y combustibles a las ciudades en medio de la peor crisis económica, lo que terminó debilitándolo políticamente.
Morales y Arce se disputan el control del aparato partidario de cara a las elecciones el próximo año.
El viernes Morales convocó a la cúpula de la facción que dirige del Movimiento al Socialismo (MAS) a una reunión la próxima semana «para definir nuestro futuro» y dijo que es víctima de una persecución.
«Estoy habilitado» para participar de los comicios y «sigo siendo presidente del MAS», «dijo.
«Evo está más solo y reducido a su bastión del Chapare. Su capital político aparece mermado», opinó el politólogo Carlos Cordero, profesor en la Universidad Católica Boliviana.
Un centenar de detenidos en las protestas han sido enviados a la cárcel acusados de terrorismo y ahora el Ministerio de Gobierno busca a los líderes, entre ellos al exministro Juan Ramón Quintana, brazo derecho de Morales.
La víspera se conoció la decisión de una sala del Tribunal Constitucional que desconoció la jefatura de Morales del MAS. El mismo tribunal falló la semana pasada que ningún ciudadano puede ser elegido por más de dos mandatos a un cargo electivo por voto popular, lo que deja a Morales fuera de carrera tras haber gobernado entre 2006 y 2019.
Seguidores de Arce han festejado ambos fallos, pero el rol que han pasado a jugar los magistrados del Tribunal Constitucional —que se prorrogaron en sus cargos— preocupa a opositores y académicos.
«El Tribunal Constitucional se ha convertido en un suprapoder. Asume atribuciones de todos los otros poderes. Nunca se vio algo así, no tiene precedentes», observó el profesor y analista Paul Coca.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han remarcado la falta de independencia judicial del poder político.
Los analistas han dicho que la pelea entre los dos líderes políticos ha servido de «cortina de humo» al gobierno frente al deterioro de la economía agravada por la escasez de combustibles y una inflación acumulada en 10 meses del 7,26 %, la más alta en más de una década.
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