Es falso que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, logró la reelección con base a lo que establece la Constitución y la ley como dijo el fiscal general Tarek William Saab.
Informes y especialistas coinciden en que se han documentado irregularidades contrarias a las normativas legales electorales.
En rueda de prensa el pasado 29 de julio, el fiscal general Tarek William, al hablar del supuesto ataque informático contra el sistema de transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela dijo:
“Según las actas, que el único árbitro electoral puede tener para luego dar el veredicto, reveló que, con más del 51 por ciento de los votos ha sido reelecto el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para él un fuerte aplauso por haber logrado esta reelección en base a lo que establece la Constitución y la ley”. Pero en esto no coinciden análisis y expertos en el tema.
El discurso fue transmitido en cadena nacional. En YouTube ha sumado más de 145.000 visualizaciones, entre los canales de MPvenezolano y el Canal 26. También tuvo vistas en Dailymotion en TeleSur.
Irregularidades constitucionales y legales en elección de Venezuela
Contrario a lo expuesto por el fiscal general de Venezuela, informes de organizaciones especializadas y expertos en el tema electoral coinciden en que se cometieron irregularidades y se transgredieron las normas constitucionales y legales en la elección de Venezuela.
Uno de ellos es el Centro Carter, una misión de 17 expertos invitados por el CNE para observar la elección presidencial de 2024 refirió que el proceso electoral ha “infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional”.
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en un informe resaltó el incumplimiento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y sus reglamentos en la proclamación de la reelección del presidente Nicolás Maduro por el CNE sin antes brindar el boletín de la totalidad de los resultados.
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV), quien desplegó en la jornada 696 observadores (aún cuando el CNE les negó acreditaciones, pese a cumplir con los requisitos previstos en la ley), documentó 155 incidencias en la jornada del 18 de julio, así como múltiples irregularidades y transgresiones a la ley electoral.
Como ejemplo el OEV detectó varios casos en donde se incumplió el artículo 140 de la Lopre como:
- En Barinas, en un centro de votación, una camioneta trasladó máquinas de votación por supuestas fallas sin que se imprimiera el acta de escrutinio
- En Zulia, unas 500 personas no pudieron ejercer el voto por supuestas fallas eléctricas, pese a que las máquinas están dotadas de batería
- En Nueva Esparta se negó la copia de un acta de escrutinio a un testigo de la oposición porque se tenían “órdenes de arriba” de solo imprimir un ejemplar
“El proceso no cumplió con las garantías mínimas establecidas para una elección democrática que garantice la libertad del voto, la transparencia del voto, que se respete el derecho al voto (…)”, dijo Ignacio Ávalos Gutiérrez, director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), a la Voz de América.
Ávalos destacó que fue un proceso lleno de irregularidades que se manifestaron en un “claro ventajismo del gobierno sobre los distintos sectores de la oposición”, en donde también se destaca la censura en medios y detenciones arbitrarias.
Para Acceso a la Justicia, una organización que monitorea la administración de justicia y el estado de derecho en Venezuela, “la represión judicial se enfiló en adelantar escenarios favorables al partido de gobierno para las elecciones presidenciales de 2024” desde 2023.
En un informe publicado en julio de 2024, Acceso a la Justicia detalla cómo desde 2023 “el Poder Judicial se alineó a las directrices político partidistas que han minado la integridad electoral en Venezuela” como: el nombramiento inconstitucional del Consejo Nacional Electoral, la anulación de las primarias y persecución contra sus organizadores, la inhabilitación política para coartar el derecho al voto, así como partidos políticos intervenidos.
Acceso a la Justicia evidenció además que durante la jornada del 28 de julio en las elecciones de Venezuela se presentaron al menos 6 irregularidades con lo que consideran son violaciones al reglamento y a la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) como:
- La difusión de exit polls ligadas al oficialismo en donde no se adoptó ninguna medida
- Obstrucción a los testigos de la Plataforma de la Unidad Democrática (PUD)
- La interrupción de la transmisión de la data de las máquinas de votación
- Impedimento de ejercer en algunos casos auditoría ciudadana
- Incumplimiento de ofrecer en un lapso de 48 horas los resultados definitivos
- Proclamación de reelección sin totalizar resultados
Eugenio González Martínez, periodista, director de Votoscopio una herramienta de monitoreo alrededor de comicios y especialista en temas electorales de Venezuela, dijo a la VOA que entre otras irregularidades están que el CNE nunca informó sobre los criterios para legalizar o ilegalizar partidos en elección.
“Prácticamente el 37 % de los partidos que estaban participando fueron creados exclusivamente para este proceso electoral, mientras prácticamente el otro 20 % fueron partidos que de alguna otra manera tienen algún tipo de intervención legal por parte del Tribunal Supremo de Justicia”, menciona.
González explicó que el CNE cambió fechas del cronograma, no dio certeza sobre muchas fases técnicas y no ofreció información oportuna.
“Ni siquiera los medios acreditados para cubrir el Consejo Nacional Electoral tienen una información oficial del CNE que indique cuántos centros, cuántas mesas, se iban a utilizar el 28 de julio”, explicó. La información que se ha tenido en realidad viene del análisis que han hecho las organizaciones y los técnicos electorales independientes que trabajan el tema en Venezuela.
Apoyo del gobierno para la candidatura de Maduro pese a prohibición
El Observatorio Digital ProBox, una plataforma que hace seguimiento a la conversación digital, visibilizando y denunciando la desinformación en el país, reveló en un informe reciente que “desde 2023 el Estado se ha dedicado a promover masivamente a Maduro en su rol como candidato, más que en sus labores como presidente”.
Lo anterior, pese a que el artículo 222 del reglamento general de la Ley Orgánica de Procesos Electorales señala que los organismos públicos no podrán hacer propaganda o publicidad electoral.
Dentro del reporte del Centro Carter sobre la elección de Venezuela, se indicó que se observó también:
- Recursos públicos, uso de vehículos y movilización de funcionarios para la campaña y el uso de programas sociales en favor de la candidatura del oficialismo.
- Una preponderancia a la candidatura del gobierno en televisión y radio, así como en publicidad, transmisión de eventos y cobertura noticiosa.
Vulneración de derecho a votar de venezolanos en el exterior
El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) en su informe “Derechos limitados: Vulneraciones a la participación electoral de las personas venezolanas en el exterior” detalla también cómo se establecieron trabas y violaciones a la participación política de personas de Venezuela fuera del país.
Cepaz registró 112 denuncias de 17 países por irregularidades en el proceso de inscripción y actualización de datos en el registro electoral en el exterior. Los cuales se manifestaron en tres patrones concretos:
- Demoras indebidas
- Solicitud de requisitos ilegales
- Falta de información
Un ejemplo es que, aunque en la Lopre se exige solo la cédula de identidad, se exigía el pasaporte venezolano vigente para ejercer el derecho a la participación.
“El Consejo Nacional Electoral no facilitó el proceso de inscripción y actualización de Registro Electoral fuera de Venezuela, todo lo contrario, se tomaron decisiones políticas ilegales, las cuales hicieron imposible que los venezolanos en el extranjero pudieran inscribirse”, dijo González Martínez, experto en materia electoral.
Apenas 508 electores fuera de Venezuela lograron inscribirse como nuevos votantes, cuando se estima que potencialmente hay al menos 4,5 millones de electores que debieron poder votar fuera de Venezuela, explica González.
El Observatorio Electoral Venezolano reveló también se presentaron barreras normativas contrarias a la Constitución y Ley en el proceso para votar en el extranjero.
Alerta Venezuela, Espacio Público y Voto Joven, organizaciones independientes, estimaron por otro lado que con las restricciones arbitrarias impuestas por el CNE, un estimado del 25 % de la población apta para votar en el exterior, solo un 1 % haya logrado acceder al Registro Electoral. Y documentaron una serie de violaciones a los derechos humanos de los venezolanos en el exterior.
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