Alrededor de 30 familias de jóvenes detenidos durante las protestas post electorales acudieron hasta el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas para exigir la garantía al debido proceso para sus allegados y por su liberación. Andreina Albarrán, denunció que su hermano, Carlos Albarrán, de 19 años, ha sido víctima de tratos crueles: “Lo vi muy flaco. A ellos los quieren volver como locos, uno no los podía agarrar, no podíamos abrazar, si uno montaba las manos en la mesa se lo llevaban. Les están quitando sus derechos” expresó.
Liger García clamó ante el máximo tribunal por la excarcelación de su hijo, Jesús David Rosal, acusado de terrorismo e incitación al odio: “Yo soy madre de tres muchachos, él es mi hijo mayor y yo pido la libertad de mi hijo, porque mi hijo no es terrorista y no tiene ninguna prueba para que lo puedan inculpar, ni siquiera aparece en ningún video, no tiene nada” aseveró.
Entretanto, el gobierno de Nicolás Maduro convocó a un «diálogo político» a todos los partidos políticos y movimientos electorales que participaron en las elecciones del 28 de julio a la sede del Parlamento nacional: “El que no quiera venir no hace falta, hace falta el que vendrá, luego que no se vaya a chillar a las cortes españolas, a estas alturas deberían saber que esas cortes son inoficiosas” declaró.
La oposición venezolana, a través de un comunicado conjunto entre Edmundo González Urrutia, María Corina Machado y la opositora Plataforma Unitaria, rechazó participar en esa jornada de diálogo e invitó al gobierno a una transición democrática de cara al 10 de enero, fecha de inicio del próximo período presidencial.
