El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este viernes que su despacho solicitó la revisión de 225 medidas a procesados en el contexto de las protestas contra las elecciones presidenciales del 28 de julio, tras “exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios”.
“Vamos a seguir revisando, vamos a seguir mirando los casos a los que haya lugar (…) el que haya sido responsable de las acciones criminales sujetas a una vinculación como participante directo de las mismas será castigado, será sancionado», dijo Saab en conferencia de prensa transmitida por el canal del Estado.
«Quien no haya tenido dicha responsabilidad en medio de una investigación será sujeto a una revisión de medida”, añadió.
La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro instó a Saab a revisar y rectificar en caso de ser necesario.
“La justicia es justa, porque castiga al que hay que castigar y establece la verdad en todos los casos y perdona cuando hay que perdonar en caso de que haya habido algún tipo de error procedimental, se han visto casos, porque fue un momento de un disturbio como loco”, manifestó el mandatario.
Luego de que la autoridad electoral venezolana proclamó ganador de los comicios a Maduro, en medio de denuncias de fraude de la oposición que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa y que dan como ganador al excandidato presidencial, Edmundo González Urrutia, se desataron protestas que en muchos casos terminaron en actos violentos.
Al menos 28 personas murieron y más de 2400, entre ellas adolescentes, fueron arrestadas en días posteriores a la elección y son señaladas por presuntamente haber incurrido en delitos de terrorismo.
Denuncias de arbitrariedad
Familiares de muchos de los detenidos, entre ellos testigos de mesa de la oposición, han denunciado que los arrestos fueron arbitrarios y que, en muchos casos, no estaban participando en las protestas.
De acuerdo con el más reciente balance del Foro Penal, actualmente en Venezuela existen 1.976 personas detenidas por motivos políticos, de las cuales 1.848 fueron arrestadas desde el 29 de julio, un día después de los comicios. Al menos 79 de quienes permanecen detenidos son adolescentes.
“Una cifra muy alta, la más alta de presos políticos en toda América”, afirmó este jueves Alfredo Romero, director-presidente de la organización que presta asistencia pro bono a personas detenidas de forma arbitraria.
Según el más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) las violaciones a los derechos humanos en Venezuela se han agravado tras los comicios.
Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a la comunidad internacional a no aceptar “ni normalizar” la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales, y llamó a impulsar un esfuerzo “coordinado y diplomático” para respaldar una transición pacífica a la democracia en ese país.
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