La fiscalía federal mexicana asumirá la investigación del asesinato del sacerdote y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez, lo que sugiere que el homicidio podría estar relacionado con el crimen organizado. Esta decisión fue recibida con satisfacción durante la multitudinaria misa previa a su entierro, donde se volvió a exigir justicia por su muerte
“Ya es un hecho muy significativo que este crimen lo acaba de asumir el gobierno federal”, dijo el obispo emérito Raúl Vera, religioso mexicano del norte de México que años atrás estuvo destinado en Chiapas.
“Trabajemos contra los abusos de los que están en los poderes políticos y económico, (contra) los que no tienen vergüenza, (contra) los que pagan asesinos para acallar voces como el padre Marcelo” que no solo escuchaba sino que se movía y denunciaba, clamó el obispo.
En torno a 2.000 personas se apiñaban en la calles de San Andrés Larráinzar, el pueblo natal del sacerdote, donde se celebró la misa de cuerpo presente para dar el último adiós al religioso tsotsil, reconocido por mediar en conflictos sociales, indígenas, campesinos y políticos de municipios azotados por todo tipo de violencias, y que fue asesinado en San Cristóbal de las Casas el domingo después de celebrar una misa.
“Justicia para Marcelo”, gritaba la gente durante la ceremonia entre vivas al “Padre Marcelo” y a la paz.
Según explicaron durante la misa, se estaban realizando ceremonias paralelas en zonas de la frontera como Comalapa o Chicomuselo, fronterizas con Guatemala, en donde la población vive asediada por el crimen organizado, por lo que no puede salir de esa región para unirse a los homenajes.
La Iglesia Católica ha exigido acciones contundentes no solo para dar con los autores materiales del asesinato sino también con los intelectuales. Ha denunciado, además, la criminalización de religiosos y defensores de derechos.
La presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, mantuvo el martes su apoyo a la estrategia actual de seguridad que, según había dicho la víspera el cardenal Felipe Arizmendi en otra misa por Pérez, “no ha funcionado”.
El padre Marcelo Pérez, de 50 años, había recibido múltiples amenazas y desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido a México medidas de protección que no dieron resultado por lo que diversos colectivos de derechos humanos responsabilizaron a las autoridades de su muerte.
“Lejos de su protección, el Estado mexicano lo criminalizó, fomentó el señalamiento en su contra y lo persiguió judicialmente mediante una orden de aprehensión”, recordó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, una de las ONG locales más reconocidas nacional e internacionalmente.
El homicidio se produjo en medio de una escalada de inseguridad en la que, a la violencia política, social y agraria preexistente desde hace décadas en Chiapas, se unió hace un par de años la lucha entre los cárteles de Jalisco y de Sinaloa por el control de la frontera con Guatemala y el tráfico ilícito de drogas, armas y, sobre todo, migrantes.
El padre Pérez y la Iglesia católica de la zona no cesaron en denunciar el incremento de los asesinatos, desapariciones, intimidaciones y desplazamientos de civiles en muchos municipios donde los cárteles amenazan a los pobladores o los utilizan como escudos humanos ante la pasividad de las Fuerzas Armadas.
“Chiapas es una bomba de tiempo”, había dicho el sacerdote hace poco más de un mes. Otras organizaciones hablaban incluso del peligro de una ”guerra civil» en ese estado.
Sheinbaum negó este análisis. «Es importante trabajar para que no vuelva a ocurrir una situación así y que no haya desplazamientos y pacificar, evitar extorsiones y delitos que se están presentando”, dijo. Para ello, aseguró, se está trabajando con el gobernador actual y el próximo, que tomará posesión en diciembre —ambos del partido oficialista Morena—.
Las Naciones Unidas, la CIDH y numerosas organizaciones mexicanas exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva y transparente del homicidio.
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