El 4 de septiembre, los departamentos de Justicia y Estado de Estados Unidos anunciaron sanciones y cargos penales contra dos empleados del medio ruso RT por presuntamente blanquear 10 millones de dólares para difundir propaganda rusa a través de influencers estadounidenses, con el objetivo de influir en las elecciones de noviembre de 2024.
También el Departamento del Tesoro designó a 10 personas y 2 entidades como respuesta a los esfuerzos de influencia rusa.
El mismo día, Leonid Slutsky, jefe del comité de asuntos internacionales de la Duma Estatal rusa, calificó las sanciones estadounidenses contra RT como una «cacería de brujas», afirmando que son un ataque a la libertad de expresión y un ejemplo de censura vulgar:
«Las sanciones de Estados Unidos contra el grupo de medios Rossiya Segodnya, RIA Novosti, RT y Sputnik son un claro ejemplo de una ‘cacería de brujas’, presión sobre la libertad de expresión y censura vulgar. Los partidarios del ‘imperio de la mentira’ están librando una guerra contra todo aquel que diga la verdad sobre las políticas de los neocolonialistas modernos».
Esta afirmación es falsa.
El Departamento de Justicia de EEUU presentó una acusación formal contra empleados de RT, ciudadanos rusos, por violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) y por lavado de dinero. Se les acusa de haber organizado un plan para difundir desinformación encubierta en el país a través de una empresa fachada, mientras afirmaban falsamente que contaba con el respaldo de un inversor privado.
Además, el Departamento de Estado ha impuesto nuevas restricciones de visado y designado al grupo Rossiya Segodnya y sus filiales como Misiones en el Exterior. Por su parte, el Departamento del Tesoro ha sancionado a 10 personas, incluida la redactora jefa de RT, Margarita Simonyan, por su participación en la campaña encubierta de influencia.
Acusaciones del Departamento de Justicia
El 4 de septiembre se hizo pública una acusación federal en el Distrito Sur de Nueva York contra los ciudadanos rusos Kostiantyn Kalashnikov, de 31 años, y Elena Afanasyeva, de 27 años, por conspiración para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) y por lavado de dinero. Ambos se encuentran actualmente en libertad.
Según el fiscal general, Merrick Garland, la acusación sostiene que Kalashnikov y Afanasyeva, empleados del medio de comunicación estatal ruso RT, orquestaron un plan de 10 millones de dólares para difundir de forma encubierta propaganda o desinformación a favor del Kremlin en Estados Unidos. Muchos de los videos producidos por la empresa contribuían a las estrategias rusas para agudizar las divisiones internas en el país. Esto con el aparente objetivo de debilitar la oposición estadounidense a los intereses centrales de Rusia, en particular su guerra en curso en Ucrania.
Una empresa con sede en Tennessee ocultó sus conexiones con RT y el gobierno ruso tanto a los influencers como a sus millones de seguidores. En cambio, los acusados afirmaron falsamente que la empresa contaba con el respaldo de un inversor privado, quien resultó ser una persona ficticia.
La fiscal general adjunta, Lisa Monaco, destacó el enfoque de EEUU para contrarrestar la influencia extranjera, afirmando que RT y sus empleados canalizaron casi 10 millones de dólares a comentaristas en línea para difundir propaganda a favor de Rusia. Subrayó el compromiso del Departamento de Justicia de prevenir la manipulación ilegal de la opinión pública estadounidense por parte de actores extranjeros.
Kalashnikov y Afanasyeva enfrentan cargos que podrían resultar en penas máximas de 25 años de prisión. El FBI está investigando el caso.
[Este artículo fue originalmente publicado por Polygraph y traducido por Mila Cruz].
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