Cuando Bernardo Arévalo hizo campaña por la presidencia de Guatemala en 2023 se enfocó en el combate a la corrupción, una promesa que caló hondo en una sociedad cansada. Pero su objetivo ha encontrado un muro que le impide avanzar: el Ministerio Público.
Desde comienzos de año el gobierno del presidente Arévalo ha presentado 198 denuncias de corrupción que implican a particulares y exfuncionarios del gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024), de las cuales 18,7% fueron desestimadas y el resto no tuvo ningún avance, dijo en una entrevista con The Associated Press el director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores.
“La fiscalía es un obstáculo para el desarrollo del Estado”, indicó el responsable de la entidad que deberá dar respuesta a la promesa de Arévalo. “La falta de compromiso en materia anticorrupción desde la Fiscalía vuelve complejo garantizar el desarrollo” del país, agregó.
La AP consultó a la Dirección de Comunicación del Ministerio Público sobre su posición, pero no obtuvo respuesta.
Arévalo ha pedido en reiteradas oportunidades la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, a la que señala de proteger a los corruptos. Pero Porras, sancionada por Estados Unidos por socavar la democracia en Guatemala, ha logrado mantenerse en el cargo que expira en 2026.
Para que Porras sea removida se necesitan cambios a la ley orgánica del Ministerio Público —que exige una condena firme en su contra—. Los diputados oficialistas han hecho también una petición de reforma de la norma que aún no ha avanzado en el Congreso.
Con el objetivo de cumplir su promesa de campaña el gobierno ha creado la Comisión Nacional Contra la Corrupción que presenta las denuncias e intenta recuperar parte de lo defraudado al Estado y enviará la próxima semana dos propuestas de ley al Congreso, explicó Flores.
La primera iniciativa busca proteger a los denunciantes. “Quienes asumen la valentía de denunciar se encuentran desprotegidos y criminalizados”, indicó el comisionado. La ley dotará de medidas de protección ante posibles represalias.
En este sentido el comisionado recordó el caso de las irregularidades en la compra a Rusia de las vacunas Sputnik contra el COVID-19 durante el gobierno de Giammattei.
“Millones de quetzales perdidos, vidas perdidas, sin embargo, la fiscalía lo que hizo fue iniciar acciones contra el Procurador General de la Nación, Julio Saavedra (quien había hecho la denuncia). Entonces, quienes están pro lucha contra la corrupción son los criminalizados”, dijo Flores.
La otra se refiere al registro de beneficiarios finales de los recursos públicos, ya que en la gran mayoría de los casos denunciados se usan presta nombres o sociedades anónimas para ocultar a los destinatarios de las ganancias ilícitas.
Según Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana —el capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala—, el gobierno se quedó corto en su promesa de luchar contra la corrupción. “La población tenía una expectativa de un gobierno más enérgico”, dijo.
Sobre el rol de la Fiscalía sostuvo que “ha sido un impedimento de la lucha anticorrupción, pero también ha generado un ambiente de impunidad muy nocivo para el país, que sigue atrapado en esta politización de la justicia y la judicialización de la política”.
Según el Índice de Corrupción de 2023 elaborado por Transparencia Internacional, Guatemala se ubicó en el puesto 154 de 180 países evaluados, la peor calificación que ha recibido la nación centroamericana.
Grupos de derechos humanos denunciaron el mes pasado que la Fiscalía “genera injusticia e impunidad” porque también ha dejado de perseguir delitos comunes, como la violencia contra las mujeres, y criminaliza a quienes intentan investigar irregularidades.
En un informe destacaron que la gestión de Porras ha disminuido en un 30% la obtención de sentencias por diversos delitos y “un 87% del total de las denuncias fueron desestimadas y archivadas, generando impunidad sistémica”.
Pero no sólo el gobierno y las organizaciones sociales se quejan de la inacción de la Fiscalía. Organizaciones internacionales han señalado un presunto abuso de poder.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington y que realizó una visita al país a mediados de año, dijo que la Fiscalía no es objetiva y pidió al Estado realizar “un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos”.
La Fiscalía también mantiene una arremetida contra miembros del partido de gobierno y contra el propio presidente Arévalo —a quien ha pedido que le sea retirada su inmunidad en varias ocasiones— en el marco de una investigación sobre el financiamiento del Movimiento Semilla. A su vez intentó evitar que Arévalo participara como candidato presidencial en la segunda vuelta electoral e incluso buscó, sin éxito, anular por presunto fraude los comicios que Arévalo ganó con amplio respaldo popular.
Porras, al igual que varios de sus fiscales, ha sido sancionada por más de 40 países que le han prohibido el ingreso a sus territorios, por obstaculizar la lucha anticorrupción y la democracia en Guatemala.
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