Tras avanzar con una serie de reformas económicas en el Congreso, el presidente ultraderechista Javier Milei impulsará una nueva ley penal juvenil que baja de 16 a los 13 años la edad de imputabilidad de un menor, en un contexto en que la inseguridad se consolida entre las mayores preocupaciones de los argentinos, incluso por encima de la inflación.
“Esta nueva ley combatirá el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil, uno de los mayores desafíos para la prosperidad de nuestra nación”, dijo el Ministerio de Justicia el viernes en un comunicado. “Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal”.
Un día después de su victoria en el Congreso con la aprobación de un paquete de reformas para desregular la tercera economía latinoamericana, Milei encara un endurecimiento de la política criminal en un país que en las últimas décadas se ha caracterizado por aplicar una doctrina menos dura con la delincuencia.
“La ley (penal juvenil) que rige actualmente es de la década de 1980. La juventud de hoy no es comparable a la de hace más de cuatro décadas”, argumentó la cartera de justicia.
La edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los menores de edad (18) pueden ser juzgados y recluidos en una cárcel.
El proyecto oficial establece que los menores de 13 a 18 años cumplirán sus condenas en “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo”.
La pena máxima no debe superar los 20 años y al cumplirse los 2/3, el tribunal podrá disponer que “se continúe con algunas de las medidas alternativas”, que no fueron especificadas en el comunicado oficial.
Muchos de los episodios de inseguridad que más han impactado en la opinión pública en el último tiempo han sido cometidos por menores. Un caso fue el de un sicario de 15 años que asesinó a sangre fría a un empleado de una gasolinería de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en represalia por la decisión de las autoridades de endurecer las condiciones de detención a los narcos en prisiones provinciales y federales desde las cuales siguen operando sus negocios.
En el caso de penas de 3 a 6 años, siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, lesiones gravísimas y el menor no sea reincidente la pena podrá reemplazarse por: amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad y monitoreo electrónico.
Bajo el concepto de “Criterio de Oportunidad”, el fiscal podrá prescindir “total o parcialmente de la acción penal” si la pena es inferior a seis años y no concurrieren otras circunstancias, como la muerte de la víctima, lesiones gravísimas, existencia de otros procesos, etc.
Uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa refiere a los menores no imputables (menos de 13 años), ya que obliga a los jueces a ordenar su internación para su readaptación social “ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos”.
UNICEF alertó que “en Argentina la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva”.
Para la organización “existen experiencias internacionales que han demostrado que disminuir la edad de punibilidad no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad”. Ya advirtió que en “la mayoría de los delitos cometidos por menores de edad hay adultos involucrados…por eso se requieren mayores esfuerzos desde las políticas de seguridad hacia los adultos para evitar que esa cooptación ocurra”.
Más allá de que la inseguridad está entre los temas que más preocupan a los argentinos junto a la inflación y al desempleo, el proyecto para establecer una nueva ley penal juvenil promete un debate intenso en el Congreso, en especial por la resistencia de partidos progresistas y de izquierda. Dado que el oficialismo es la tercera fuerza en ambas cámaras, el gobierno deberá buscar consensos en la oposición más dialoguista, al igual que sucedió con las reformas económicas que le llevaron seis meses para su sanción.
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