La intensificación de medidas represivas con la detención de dirigentes gremiales y defensores de derechos humanos –caso de Rocío San Miguel–, acusándolos de “terrorismo” y “traición a la patria”, la ratificación de la espuria inhabilitación de María Corina Machado como candidata presidencial y la incertidumbre mantenida respecto a la fecha en que habrán de realizarse los comicios para presidente de la República este año, ponen en duda la disposición de quienes detentan el poder de honrar su palabra y jugar limpio. Son acciones que claramente quebrantan los acuerdos firmados en Barbados. A ello se añade la expulsión del país del personal del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que investigaba la violación de estos derechos, canalizaba ayuda humanitaria y recomendaba mejoras al sistema de justicia del país. ¿Cómo queda la salida electoral, con garantías democráticas mutuamente aceptadas, acordada entre el chavo-madurismo y la Plataforma Unitaria? Veamos.
Por un lado, tenemos a un régimen visiblemente disminuido en su apoyo popular, incapaz de levantar el entusiasmo de antes y muy limitado en su capacidad para seguir manipulando y/o chantajeando a la gente con sus medidas de reparto. Maduro y los suyos ansían recuperar las condiciones de control discrecional “manga ancha” sobre los venezolanos de antes para asegurar su permanencia en el poder. Pero al haber destruido a la economía se les achicó el margen de acción para cumplir con las apetencias de militares traidores, enchufados, bandas criminales y estados forajidos, sin los cuales no se sostienen. Anhelan, por tanto, que la suspensión de sanciones pueda restaurarles ese margen. Sin embargo, tal suspensión está condicionada a la observación de lo acordado en Barbados. Significa, entre otras cosas, respetar la libérrima selección, por parte de las fuerzas opositoras, del candidato o candidata que habrá de representarlas en las elecciones de este año. Y es que al suscribir ese acuerdo el chavo-madurismo en absoluto esperaba lo que se le venía encima. El entusiasmo despertado en torno a la candidatura de María Corina Machado se ha convertido en esperanzas crecientes e irreprimibles de cambio de amplios sectores de la población. Por primera vez, no existen dudas de que, de ser Maduro el candidato oficialista, sufrirá una derrota contundente en las elecciones de cumplirse los compromisos acordados.
A ello debe añadirse el fracaso palmario del referendo en torno al Esequibo, que buscaba proyectar al régimen como campeón de la causa patriota, tapando la indolencia que venía desplegando en torno al reclamo de un territorio que nos pertenece, y la triste expectativa de que pueda perderse CITGO ante las demandas de acreedores burlados por Chávez y Maduro. Tal desidia respecto al patrimonio nacional debería inquietar a la FAN, a quien debe su poder. Finalmente, está el rechazo unánime de la Corte Penal Internacional de su petición de suspender la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, cuyas responsabilidades alcanzan los más altos niveles del (des)gobierno. Son indicios claros de un futuro muy poco halagador si son obligados a abandonar el poder.
En la acera de enfrente encontramos a las fuerzas opositoras en una posición de sensible mejora con respecto a los años en que las rivalidades y la desconfianza hacían a este espectro político campo de intrigas intestinas. Sin duda que el apabullante triunfo de María Corina Machado en la primaria del 22 de octubre pasado y su incansable labor para ampliar y consolidar las opciones de triunfo en torno a su candidatura han contribuido a insuflarle ánimo y expectativas de cambio a la inmensa mayoría de los venezolanos, hastiados, como están, de este desastroso e irresponsable ensayo “revolucionario”. Y, a pesar de que no integraba la llamada Plataforma Unitaria y haber sido percibida desde esta instancia como de posturas “extremistas”, la mayoría de su dirigencia ha convenido en que, en estos momentos, María Corina representa el principal capital político de las fuerzas democráticas para materializar ese cambio. El problema está, como sabemos, en la inhabilitación, fraudulenta, de su candidatura.
Las encuestas coinciden en señalar una derrota aplastante de Maduro ante María Corina, de realizarse las elecciones en estos días. El instinto de sobrevivencia induce a los chavo-maduristas a darle un palo a la lámpara. Pero, a sabiendas que ello perpetuaría su aislamiento y aceleraría el fraccionamiento de sus apoyos internos, buscan camuflarlo para evitar que prosperen estas reacciones adversas. De ahí buscan disolver lo acordado en Barbados en un acuerdo “superior que lo contiene”, urdido por Jorge Rodríguez con agrupaciones de muy escasa representación política. Una forma de “desaparecer” el compromiso asumido de respetar la escogencia de la candidatura opositora, es decir, a MCM.
Al confirmarse, una vez más, la disposición del fascismo de trampear las reglas para permanecer en el poder, ciertos analistas han insistido en sortear el impasse que representa la inhabilitación nombrando, ya, al candidato(a) que sustituya a María Corina. El tiempo apremia y pueden sorprendernos con una fecha electoral ante la cual debemos estar preparados. ¡Aprendamos de lo ocurrido en Barinas! Sin embargo, en las elecciones presidenciales no está en juego sólo un símbolo valioso del poder chavo-madurista, la gobernación del estado donde nació el venerado líder, ¡sino el poder mismo! Sin discutir las intenciones de quienes hacen esta propuesta, cabrían dos interrogantes. La primera, ¿Es transferible ese capital político que representa MCM sin que el entusiasmo en torno a ella se sienta traicionado? Una respuesta evasiva puede ser: depende de quien sea el(la) candidato(a). Pero entonces se asoma la segunda interrogante, bastante obvia. De resultar exitosa esta transposición de manera que el(la) escogido(a) cuente con un respaldo mayoritario que garantice el triunfo electoral, ¿Cómo asegurar que no sea también inhabilitado(a)? Algunos añadirían que, para minimizar esta eventualidad, debería negociarse con el chavo-madurismo la constitución de un gobierno conjunto, de transición.
Llevamos demasiado tiempo conociendo a los personeros del fascismo bolivariano como para pensar que estarían dispuestos a compartir el poder con quienes tienen como misión fundamental reponer las garantías constitucionales con base en las cuales descansan la libertad y las posibilidades de un futuro digno y próspero. Significaría desmontar el régimen de expoliación que montaron al amparo de años de impunidad, de falta de controles y transparencia, y de no tener que rendir cuentas sino a sus cómplices.
No debemos ilusionarnos pensando que, para destrancar el juego, debemos proponer opciones que sean atractivas al chavo-madurismo. La única forma viable y realista de destrancarlo, es el retorno a un Estado de derecho que sea respetado por todas las fuerzas, con el compromiso y las garantías para unas elecciones presidenciales confiables, con supervisión internacional. Eliminar inhabilitaciones espurias como la impuesta a MCM se convierte en bandera central en esta lucha. Por tanto, el llamado tiene que ser para que los dirigentes de las distintas fuerzas democráticas acompañen a la candidata en sus recorridos a favor de condiciones electorales aceptables, entre éstas, la actualización del registro electoral, incluyendo el voto extranjero, y la contención del ventajismo oficial y de prácticas intimidatorias en torno a los centros de votación. Asimismo, para organizar comandos de campaña y defender el voto, que son la plataforma de la Gran Alianza Nacional (GANA), lanzada en respaldo a su candidatura. Si, con el calor de estas luchas no se doblega la tramposa inhabilitación, esperaríamos que entre los líderes que se han movilizado pueda escogerse a quien recoja la batuta, con amplio respaldo y en condiciones que aumenten prohibitivamente el costo político para el chavo-madurismo de inhabilitarlo(a).
La construcción de fuerzas capaces de presionar exitosamente para asegurar condiciones que hagan factible el cambio, en concierto con los aliados internacionales, es decisiva. Deberá reforzar el proceso de negociación requerido, entre cuyos elementos estarían garantías para la sobrevivencia del chavismo como agrupación política democrática. Y, mucho más desagradable y difícil de digerir, bases creíbles para una justicia transicional que reduzca sensiblemente la percepción de importantes sectores chavistas de que su única opción es atrincherarse defensivamente en el poder. Es en el fortalecimiento de una correlación de fuerzas cada vez más favorables al cambio como podrá ampliarse las probabilidades de que se pueda dar, no cediendo de antemano a las demandas de quienes lo adversan.
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com
