MIAMI.- El Instituto Casla emitió este miércoles su informe ejecutivo sobre las elecciones presidenciales de Venezuela en el que destacó una cantidad de irregularidades e incidencias ocurridas en los días previos y posteriores a los comicios del 28 de julio, fecha en el que se llevó a cabo el evento electoral.
«Las elecciones venezolanas del pasado 28 de Julio han sido las peores elecciones que el Instituto CASLA ha podido seguir», afirmó la institución, que destacó «las desventajas absolutas, la persecución sistemática y encarcelamiento» de los opositores, así como el «acoso e intimidación» al que fueron sometidas las familias de éstos últimos. Incluyó en su documentación «las amenazas continuas que desde los más altos cargos se hacían todos los días, incluyendo pintas en sedes de partidos y residencias amenazantes, mensajes de incitación al odio realizados por el propio presidente (en referencia a Nicolás Maduro) que advertían de una ‘guerra civil’ si él perdía las elecciones».
Incluye también el informe de Casla el «proselitismo político» hecho por oficiales de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que «invitaba a votar por Maduro, y el ventajismo de la propaganda política oficialista en los medios de comunicación venezolanos.
El documento denunció que el viernes 26 de julio, dos días antes de las elecciones, ya se habían registrado 23 incidentes represivos ocurridos solo en tres días en contra de la oposición. Se documentaron ocho detenciones arbitrarias, amenazas y hostigamiento.
«Instalación de patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional ‘SEBIN’ en las puertas de las residencias de miembros de la oposición, con un importante numero de líderes y coordinadores de todos los partidos durmiendo fuera de casa para no ser detenidos o secuestrados», señaló.
Incidencias en los centros de votación
Casla reportó que desde el viernes 26 de julio al martes 29 de julio se registraron 59 incidencias verificadas en todo el país de casos en los que miembros y testigos de mesa no se les permitió el ingreso a los centros de votación aun cuando mostraban su credencial expedida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los miembros del Plan República, un despliegue militar cuya tarea es resguardar el orden, seguridad del proceso y del material electoral.
Asimismo, Casla documentó 29 casos de retardo en la apertura de los centros de votación. Señaló que hubo centros que abrieron con dos o tres horas de retraso y «otros pasaron casi toda la jornada de votación cerrados». «Citamos por ejemplo el caso de la Escuela Básica José Antonio Chávez, en el Municipio Miranda del estado Zulia, que pasadas las 3 de la tarde, permanecia cerrada, con los electores protestando».
Violaciones a la Ley Electoral
Del 28 al 30 de Julio, Casla registró al menos 73 incidencias de otros tipos de violaciones a la Ley Electoral y 24 casos específicos de retardos en las mesas. Entre esos casos están el escaneo por parte de miembros del Plan República de las cédulas de identidad de los electores antes de entrar al centro, lo cual no está contemplado en la ley; la transmisión vía telefónica por parte de un miembro del partido oficialista PSUV de la cédula de identidad del elector luego que ejercía su voto; retraso en el inicio de la votación por supuestas fallas en las máquinas electorales; obligación a los electores de aceptar el voto asistido y la coacción a votar por Nicolás Maduro a estudiantes de una universidad pública que fueron amenazados con no graduarlos si no sufragaban por el oficialista.
Además, Casla recibió denuncias de suplantación de identidad, manipulación de las máquinas electorales y de miembros y testigos accidentales.
Amenazas, Hostigamiento y Violencia
Entre las amenazas registradas por Casla estuvo la presencia de presuntos miembros de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) en un centro de votación en Elorza, estado Apure, que impedían el acceso a los electores. También, en Coro, estado Falcón, integrantes de colectivos pedían las cédulas de identidad a los electores en un centro de votación. En Maturín, estado Monagas, miembros de colectivos agredieron fisicamente a los votantes de un colegio electoral y los amenazaron con dispararles con armas de fuego. También en Maturín, miembros de colectivos chavistas dispararon contra los electores, hecho en el que resultó herida una mujer.
Represión Electoral
El Instituto Casla apuntó que desde el 26 al 30 de julio han recibido 70 denuncias de detenciones arbitrarias, cuatro intentos de secuestro, 13 casos de acoso a residencias y familias de opositores, un allanamiento, 16 personas muertas a manos de los organismos de seguridad durante las protestas ciudadanas, 14 desaparecidos, cinco «golpizas salvajes» contra manifestantes, cinco heridos por arma de fuego en las protestas.
Casla incluyó en su informe que ha sido detectado un patrón en las personas que han resultado heridas en las manifestaciones. Las heridas son causadas en el rosro, cuello, tórax o abdomen, «zonas que demuestran la intención de causar el mayor daño posible o matar a las personas que protestan», lo que a juicio de Casla muestra el «uso desproporcionado de armas de fuego» en las manifestaciones por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad y «colectivos armados afectos al oficialismo que han salido por orden presidencial a reprimir a los ciudadanos en todo el país, conjuntamente con los organismos de seguridad, con total impunidad».
Otra de las denuncias del documento es la detención de personas que fueron testigos de mesa a quienes los cuerpos de seguridad «han ido a buscar a sus casas». Dijo Casla que el régimen de Maduro puso a circular panfletos con los rostros de las personas que busca, entre los que figuran también coordinadores de partidos políticos de la oposición. En esto se incluye a miembros del partido Vente Venezuela, de María Corina Machado y del comando de campaña de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal alianza opositora.
Entre las fuerzas de seguridad involucradas en las incidencias plasmadas en el informe de Casla están: la Guardia Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Fuerza Armada y otros funcionarios del Estado.
FUENTE: REDACCIÓN
