BUENOS AIRES — Luego de seis meses de negociaciones, el presidente argentino Javier Milei se apuntó un triunfo político al lograr el viernes la aprobación en la Cámara de Diputados de dos leyes de reformas económicas, estatales y tributarias con las que busca relanzar su gestión y asegurarse una mayor gobernabilidad.
La Cámara Baja dio luz verde a la legislación que había sido aprobada el 13 de junio por el Senado sellando así la primera victoria legislativa de Milei desde que asumió el poder en diciembre y luego de resignar algunas reformas de mayor calado durante las negociaciones mantenidas con opositores dialoguistas.
El mandatario celebró la votación señalando a la prensa que terminó la primera fase de su gobierno y que se avecina otra en la que intentará eliminar otro conjunto de regulaciones que “entorpecen el funcionamiento del sistema económico”.
El mandatario argentino resaltó “la consolidación fiscal está en marcha. Ya pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la etapa de emisión cero”, sostuvo.
Milei también posteó en su cuenta de X, comentarios de sus seguidores apuntando que este es un primer paso para “desterrar un modelo populista e intervencionista”.
“Hemos hecho un trabajo de diálogo y tener los instrumentos que necesitamos para continuar nuestro gobierno”, resaltó el jefe de gabinete, Guillermo Francos.
Una vez con la normativa en la mano, el Ejecutivo pretende convocar a distintos expresidentes, líderes de los principales partidos políticos y legisladores a firmar un pacto con el alegado propósito de “refundar” el país. La fecha elegida es el 9 de julio, cuando se conmemora un nuevo aniversario de la independencia argentina.
La Cámara de Diputados, que había aprobado en abril y luego girado al Senado los dos proyectos, debía decidir si aceptaba las modificaciones que realizaron los senadores o insistía con las versiones originales, que contemplaban algunas reformas más profundas.
«Ley de bases»
La nueva norma contiene unos 230 artículos con modificaciones administrativas, laborales y contractuales, así como la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, lo que otorgará al presidente facultades especiales para, entre otras cosas, reestructurar organismos estatales. Son prácticamente la mitad de artículos de la versión original.
En materia de reforma laboral, incluye como causal de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimientos durante eventuales protestas y la eliminación de multas a empleadores por trabajadores no registrados, lo que fue muy cuestionado por el peronismo.
Asimismo, el proyecto incluye beneficios fiscales para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos de distintos sectores por encima de los 200 millones de dólares, otro punto resistido por el oficialismo y que, sin embargo, el jefe de gabinete celebró como la forma de garantizar “grandes inversiones que vengan a desarrollar nuestros recursos naturales y las áreas energéticas y de recursos mineros”.
La norma declara además sujetas a privatización a empresas públicas. En este punto, el gobierno aceptó con aliados respetar lo votado por el Senado y mantener fuera de la lista de empresas que pueden pasar a manos privadas a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y la Radio y Televisión Argentina.
En lo referido al paquete fiscal, la reposición del impuesto al salario de cientos de miles de empleados logró el apoyo necesario por la presión que ejercieron los gobernadores de las distintas provincias necesitados de recursos fiscales.
Además fue aprobado el régimen de Bienes Personales con el propósito de incentivar el blanqueo de capitales, también contenido en el paquete fiscal.
FUENTE: Con información de AP
