La inhabilitación de María Corina Machado la rutilante candidata a las elecciones presidenciales de la oposición política venezolana es un hecho político iterativo que lejos de causarme tedio me sorprendió. Y no lo digo porque no creyera que el gobierno de Maduro se atrevería a hacerlo, sino porque era una medida tan previsible que se hacía difícil apostar por ella. Me refiero a qué en lo que va del presente siglo las inhabilitaciones políticas en Venezuela han sido tantas y siempre en épocas electorales que como justificación frente a la opinión pública ya perdieron novedad por lo que ahora resultan aburridas y cansonas.
Se trata de una práctica, como se recordará, frecuente en la estrategia utilizada por Chávez para asegurarse una ventaja en las elecciones presidenciales que le asegurara la victoria sin ningún contratiempo, y es que cómo dijimos en algún sitio, Chávez era un jugador que quería ganar siempre y que buscaba asegurarse el triunfo de cualquier manera, incluso con cartas marcadas.
Durante su segundo gobierno fue famosa la conocida lista de inhabilitaciones del entonces contralor general de la república, Clodosbaldo Russian, en la que estaban cerca de cuatrocientas personas, en su gran mayoría candidatos de la oposición a las elecciones de alcaldes, gobernadores y legisladores regionales del año 2008 y a las presidenciales del 2012. Él mismo se encargó de enviar la lista al Consejo Nacional Electoral, para que ninguno de los que aparecían en ella pudieran participar en alguno de los procesos electorales abiertos. De manera que no extraña que durante el gobierno de Maduro dicha práctica se haya seguido aplicando al dedillo y que por ello sea demasiado previsible siempre qué hay elecciones. Por esa razón me parecía tan obvio lo que se pretendía, al utilizar en contra de María Corina Machado la figura de la inhabilitación, qué di por descartado qué el gobierno a través de su actual contralor lo hiciera en esta ocasión. Es tan evidente, tan confesional, que me asombra no que no lo hayan hecho, sino más bien que lo repitieran una vez más, ahora con una candidata de consenso que salió, guste o no guste, de unas primarias donde votaron muchos venezolanos y en medio de unos acuerdos entre oposición y gobierno de los que la comunidad internacional espera soluciones para la crisis de gobernabilidad en Venezuela.
Antes de Chávez, la Ley de la Contraloría General de la República ya existía y se aplicaba a los funcionarios y empleados públicos los que podían resultar inhabilitados para ejercer cargos en el caso de que fuesen destituidos, pero no contra quienes se lanzaban de candidatos a una elección popular de cualquier tipo con el único propósito de anularlos políticamente.
Contrastan con la realidad actual los célebres casos, por allá por el año 78 del siglo pasado, de los activistas políticos de izquierda David Nieves y Salón Mesa Espinosa quiénes estaban presos por sentencia judicial y fueron, sin embargo, liberados por el voto popular que los llevó al parlamento. Mal puede, por lo tanto, un simple acto administrativo como lo son todos los que emanan de la contraloría y, por ende, revisables ante los tribunales, coartar las libertades políticas de quienes sin tan siquiera haber sido funcionarios de carrera o eventuales o, incluso, desempeñado una responsabilidad ad hoc para el Estado, quieran lanzarse a la carrera presidencial o a la de cualquier otro cargo de libre elección como aspirantes.
En el caso de la inhabilitación de Leopoldo López en el año 2008, uno de los más sonados, al igual que lo fueron las inhabilitaciones de Capriles o de Antonio Ledezma más recientemente, llama la atención, lo que demuestra la incongruencia y arbitrariedad de la decisión administrativa del señor contralor, el hecho de que el potencial candidato a las presidenciales del año 2012, porque eso es lo que era López un futuro candidato, hubiese sido acusado de irregularidades administrativas, mientras se desempeñaba como alcalde del municipio Chacao, que le impedían postularse a las próximas elecciones municipales y repetir como alcalde, o ir a las regionales para gobernador, y qué se le permitiese, a pesar de esos supuestos manejos administrativos contrarios a la ley, seguir al frente de la alcaldía y culminar su periodo como en efecto lo hizo.
Un absurdo que explica por sí solo cual fue la intención y la única finalidad qué hubo detrás de una incapacitación inconstitucional cómo esa y que sirve de conclusión, al mismo tiempo, para explicar cualquiera de las inhabilitaciones políticas que se han producido durante el casi cuarto de siglo transcurrido, incluida, por supuesto, la de María Corina Machado.
