Carlos Orense Azocar, es señalado por las autoridades de Estados Unidos de ser una pieza importante de las operaciones del narcotráfico en Venezuela. CORTESÍA
El juicio contra Carlos Orense Azocar, el presunto narcotraficante venezolano extraditado a Nueva York el año pasado, comenzará el próximo lunes, donde enfrentará cargos de que se asoció con elementos de la guerrilla colombiana y con altos funcionarios del régimen de Caracas para exportar cerca de una tonelada por semana a Estados Unidos.
Por Antonio María Delgado / El Nuevo Herald
Según documentos de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Orense, alias “El Gordo” trabajó conjuntamente con miembros del denominado Cartel de Los Soles y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para enviar aviones y embarcaciones cargadas de cocaína a Centroamérica y puntos de transbordo en El Caribe para luego llevar los cargamentos de droga hasta Estados Unidos.
“Durante más de una década, el acusado trabajó con otros narcotraficantes de gran escala en Venezuela y otros lugares para importar decenas de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos”, declara una moción presentada por los fiscales. “Para consolidar una operación de distribución de cocaína de escala masiva, el acusado se asoció y sobornó a oficiales militares venezolanos de alto rango que protegieron y facilitaron el transporte de sus cargas de cocaína a través de Venezuela”.
Orense, que fue arrestado en Italia en mayo de 2021 y extraditado a Nueva York un año después. Funcionarios estadounidenses que investigan las operaciones de narcotráfico en Venezuela dijeron en aquel momento a el Miami Herald que Orense era una de las piezas más importantes en las operaciones del denominado Cártel de los Soles.
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Según la moción de la fiscalía, Orense trabajó estrechamente con un funcionario de alto rango de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) de Venezuela, identificado en el documento sólo como “CC-1” — abreviatura de coconspirador 1 — y con el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela (DIM), identificado como “CC-2”.
Los ingresos derivados de las drogas, descritos como enormes en uno de los documentos, fueron luego lavados a través de la empresa estadounidense identificada como “Compañía-1”, la cual pertenece a una empresa estatal venezolana designada como “Compañía-2”.
Zachary Margulis-Ohnuma, abogado del general venezolano Hugo Carvajal, quien también enfrenta cargos por drogas en Nueva York, dijo que el documento judicial de Orense deja en claro que CC-2 se refiere a su cliente, aunque no se le menciona directamente por su nombre.
También dijo que “Compañía-2” se refiere a la petrolera Citgo y que en el documento alega que Carvajal fue el responsable del nombramiento de “CC-4” (Luis Marín) como director general de la refinería estadounidense en el 2004.
Pero los fiscales están equivocados, dijo Margulis-Ohnuma al Herald en un correo electrónico.
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“Los fiscales parecen alegar en sus documentos de moción que el general Carvajal y un narcotraficante anónimo ‘organizaron el ascenso’ de Luis Marín a director ejecutivo de Citgo en 2004, aunque en la siguiente página dicen que la misma persona se convirtió en director ejecutivo después de una reunión con narcotraficantes en el 2005. De cualquier manera, el gobierno está equivocado: el general Carvajal no tuvo nada que ver con las decisiones corporativas en Citgo y no conoció a Luis Marín sino años después”, dijo Margulis-Ohnuma.
La moción del gobierno también parece decir, continuó el abogado, que Carvajal estuvo presente en una fiesta en el rancho de Marín en Venezuela a la que asistieron narcotraficantes y donde se discutieron operaciones de lavado de dinero.
“Esa acusación es falsa. El general Carvajal no asistió a ninguna fiesta de ese tipo, lo que parece ser producto de la imaginación de uno de los testigos de la DEA”, dijo.
Según los cargos, Orense poseía y operaba una serie de fincas en Venezuela donde almacenaba toneladas de cocaína que eran enviadas al norte con destino a Estados Unidos. Para proteger sus envíos, empleó equipos armados de seguridad, uno de los cuales estaba dirigido por “CC-5”, quien proporcionó grandes detalles sobre la operación a los fiscales.
“CC-5 estuvo presente en decenas o en cientos de conversaciones entre el acusado y sus asociados… sobre el tráfico de cocaína a gran escala. Estos socios comerciales incluían a funcionarios venezolanos como CC-1 y CC-2, además de narcotraficantes venezolanos como [“CC-6”]. Cuando CC-5 trabajaba para el acusado, éste compraba cantidades masivas de cocaína de fuentes de suministro ubicadas en Colombia y Venezuela o sus alrededores”, dice el documento de la fiscalía.
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Orense organizó el transporte por avión y barco de la cocaína a través de Centroamérica y México, así como por el Caribe, incluyendo República Dominicana, las Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico, para que la cocaína pudiera ser llevada hasta Estados Unidos.
“En promedio, CC-5 recuerda que el acusado distribuyó aproximadamente una tonelada de cocaína cada semana, durante aproximadamente diez meses al año, pero no durante las vacaciones de fin de año, lo que representa 40 toneladas de cocaína por año”, dice el documento.
Según información proporcionada por CC-5, aviones cargados de droga provenientes de Colombia aterrizaban primero en pistas cercanas a la frontera con Venezuela, mientras guardias armados con rifles AK-47 resguardaban el lugar. Algunos de ellos vestían uniformes del ejército venezolano.
CC-5 dijo haber observado en ocasiones a miembros de las FARC en estas pistas de aterrizaje.
Una vez dentro de Venezuela, los cargamentos eran llevados a una serie de fincas ganaderas en el interior que contaban con pistas de aterrizaje privadas. Estas eran controladas por Orense, quien se encargaba de almacenar y luego enviar las cargas a México o Centroamérica para su distribución final a Estados Unidos, dice el documento de la fiscalía.
En ocasiones, esto se hacía a través de aviones modificados específicamente para el transporte de cocaína, a los que se les quitaban los asientos para instalar tanques de combustible adicionales a manera de extender el tiempo de vuelo de las aeronaves.
El documento también afirma que parte de la operación incluía el pago de millones de dólares en sobornos a funcionarios militares corruptos para garantizar el buen funcionamiento de la operación.
Orense “también incurrió en una corrupción masiva para garantizar que su cocaína viajara por Venezuela sin interferencia de la policía”. Uno de los individuos sobornados era un general de la Guardia Nacional, identificado por la fiscalía como CC-3.
“Alrededor de 2008 o 2009, el acusado, acompañado por CC-5 y otros miembros de su equipo de seguridad, se reunieron con CC-3 en un restaurante en Valencia, Venezuela. En el restaurante, el acusado y CC-3 discutieron sobre dinero, y CC-3 parecía estar claramente insatisfecho con el tema de su discusión. Al día siguiente, el acusado ordenó a CC-5 que trajera dos bolsas de lona de la casa de un asociado a CC-3; diciéndole que hiciera el pago porque no quería más problemas”, señala el documento.
“CC-5 entendió que esto era una referencia a la conversación del día anterior. CC 5 tomó las dos bolsas, que estaban llenas de billetes de 20 dólares en moneda estadounidense y que CC-5 estima que contenían varios millones de dólares. CC-5 luego entregó el dinero a cuatro hombres en un vehículo oficial con matrícula de la Guardia Nacional”, agregó.
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Poco después, CC-3 ayudó a Orense a afrontar problemas inesperados.
En una ocasión, un camión que transportaba 1.000 kilogramos de cocaína fue detenido en un control de carretera a pesar de que ya se le había pagado a miembros de la Guardia Nacional.
CC-5, que escoltaba el convoy, llamó a Orense y éste le dijo que CC-3 le llamaría enseguida.
Y así fue, el general llamó y le pidió a C-5 que pusiera al oficial de la Guardia Nacional al teléfono. Tras una breve conversación, se permitió que el camión continuará su recorrido sin ser inspeccionado.
