MIAMI- Un grupo de destacados juristas internacionales presentó recientemente una solicitud formal ante la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), demandando acciones inmediatas frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024.
Según los juristas, la petición se enmarca en la investigación denominada ‘Venezuela I’, la cual examina los abusos perpetrados por el régimen venezolano contra la población civil, especialmente contra líderes opositores y ciudadanos que participaron en protestas pacíficas en defensa de la voluntad popular que eligió a Edmundo González Urrutia como nuevo presidente.
«Una victoria reconocida y anunciada por numerosos gobiernos e instituciones extranjeras, incluido el Centro Carter, una organización que observó el proceso, invitada por el propio gobierno venezolano», destaca el comunicado.
Falta de transparencia electoral
En el comunicado, también señalan la importancia del reciente informe emitido por el Panel de Expertos de la ONU, que evidencia la falta de transparencia e integridad en la gestión de los resultados electorales en Venezuela.
Este informe subraya que, a pesar de los intentos por presentar recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para corregir las omisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), dicho organismo no ha cumplido con sus deberes de totalización, adjudicación, proclamación y acreditación de los resultados presidenciales.
Además, destacan que el CNE no ha exhibido las actas necesarias para garantizar la transparencia y sostenibilidad del proceso electoral.
El documento subraya que, desde los comicios, las fuerzas de seguridad del Estado, junto con grupos paramilitares, han intensificado su represión, dando lugar a detenciones arbitrarias, torturas, violaciones, ejecuciones extrajudiciales y persecución política. También señalan que entre las víctimas se encuentran menores de edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.
«Los venezolanos se enfrentan a una política de Estado criminal, claramente anunciada por el propio Nicolás Maduro en sus últimos discursos sobre la amenaza de un «baño de sangre» si no era reconocido como el ganador de las elecciones», resalta el comunicado, haciendo referencia a los actos represivos antes mencionados.
Los juristas firmantes, apoyados por informes de la ONU y otras organizaciones internacionales, solicitan a la CPI la emisión urgente de órdenes de arresto y comparecencia para detener la continuidad de estos crímenes y proteger a los líderes opositores amenazados por el régimen de Nicolás Maduro.
Con esta petición, los juristas buscan no solo castigar a los responsables, sino también prevenir futuros abusos, resaltando que la justicia es fundamental para lograr la paz en Venezuela.
FUENTE: REDACCIÓN DLA
