El Centro Carter afirmó la noche del martes que la elección presidencial en Venezuela “no puede ser considerada como democrática”, por no haberse adecuado a “parámetros y estándares internacionales de integridad electoral”.
La organización, que desplegó a 17 expertos en cuatro ciudades del país un mes antes de la votación del domingo y que fue invitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), advirtió en una declaración publicada en su sitio web cerca de la medianoche del martes que “no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados” del ente electoral, que anunció la victoria del presidente Nicolás Maduro.
El Centro Carter, que ha observado 124 elecciones en 42 países desde su fundación en 1981, aseguró haber visto sido testigo de la movilización del pueblo venezolano para votar “masiva, pacíficamente, de manera cívica”, pero apuntó que esos comportamientos ciudadanos “fueron desmerecidos por la ausencia de transparencia del CNE en la difusión de los resultados”.
“El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales”, indicó.
El CNE reportó la madrugada del lunes que el presidente venezolano Nicolás Maduro había ganado su reelección con 51,2 % de los votos, venciendo al candidato opositor Edmundo González Urrutia, con 44,2 %, según su boletín.
“A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición”, señaló el Centro Carter.
La oposición venezolana denuncia un fraude, dice haber ganado la votación por casi 40 puntos de ventaja sobre Maduro y exige la publicación de las actas de cada una de las 30.000 mesas de votación.
Un grupo de países, entre ellos Estados Unidos, Colombia y Brasil, hicieron una demanda similar para que haya una revisión total del escrutinio.
Esas demandas coincidieron con protestas espontáneas en al menos 200 ciudades y poblados del país, que han sido reprimidas, según la oposición y defensores de derechos humanos.
El oficialismo venezolano, incluyendo el alto mando militar, afirma que está en marcha un golpe de Estado contra Maduro y ha pedido cárcel para González Urrutia y María Corina Machado, considerada como la gran movilizadora del antichavismo.
Sin alcanzar los “estándares” de integridad
El Centro Carter, que prometió ampliar sus hallazgos en un informe final, adelantó que el proceso del domingo en Venezuela “no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes” y, además “ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional”.
La votación se desarrolló “en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación”.
La actualización del registro de votantes se realizó “con numerosos inconvenientes”, entre los que mencionó plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas.
“El problema se agravó en el exterior, donde los ciudadanos enfrentaron barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero”, apuntó en su declaración la organización. “El resultado de la restrictiva jornada especial se tradujo en cifras muy bajas de nuevos votantes en el exterior”, señaló la misión observadora.
Según el Centro Carter, fundado por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, el registro de partidos y candidatos “tampoco se adecuó a estándares internacionales”, mencionando las intervenciones judiciales de movimientos opositores y la “discrecionalidad” del poder electoral durante la inscripción de aspirantes.
“Las autoridades electorales adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos”, reseñó la organización sobre ese apartado.
Campaña desigual
En cuanto a la campaña, indicó que se realizó “con un notable desequilibrio a favor del gobierno en todos los campos”.
Tomaron nota del uso de “amplios recursos” y una “gran desproporción” de mítines, murales, valles y afiches a favor del candidato oficialista y del “abuso de recursos públicos”, como la movilización de funcionarios y el uso de programas sociales.
“Las autoridades intentaron restringir las campañas de la oposición, incluyendo la persecución e intimidación de personas que prestaron servicios o vendieron bienes para el proselitismo opositor para generar un efecto disuasivo”, señalaron.
Además, el Centro Carter dijo haber observado que la candidatura gubernamental “tuvo preponderancia en la televisión y la radio, tanto en publicidad, transmisión de eventos y cobertura noticiosa”.
El Centro Carter tenía previsto presentar su informe preliminar en Caracas, el martes, pero habría decidido retirar a su personal de Venezuela, según el diario RunRunes.
Es considerada por analistas y la oposición como una de las pocas organizaciones independientes que el CNE invitó a observar las elecciones del domingo. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa venezolano, había elogiado su “prestigio” y “seriedad” después de reunirse con sus miembros.
El oficialismo retiró la invitación de la misión observadora de la Unión Europea por polémicas con su política de sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano, pero mantuvo las del Centro Carter y un panel de expertos que informará en privado al secretario general de la ONU.
El reporte del Centro Carter se conoce horas antes de una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, prevista para este miércoles en Washington y solicitada de manera urgente por un grupo de países de la región.
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