Según expertas independientes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, en Venezuela ha habido un alarmante aumento de desapariciones forzadas desde diciembre de 2023. Estas desapariciones podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente, especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en julio de 2024.
Las expertas destacaron que las detenciones prolongadas y en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas y parecen seguir un patrón en el cual las personas son privadas de libertad por las autoridades estatales y privadas de sus derechos fundamentales en centros de detención reconocidos. Mayoritariamente, las personas desaparecidas forzadamente son miembros del principal partido político de la oposición y militares.
La privación de libertad seguida de la negativa a reconocer la detención o a revelar el paradero de la persona constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración de la privación de libertad. Este delito no solo viola los derechos de la persona desaparecida, sino también los de sus familiares, quienes llevan la carga de buscar a sus seres queridos en centros de detención donde se les niega sistemáticamente información y se les expone al riesgo de represalias.
Las expertas instaron al Estado venezolano a tomar medidas para prevenir, erradicar y enjuiciar los actos de desaparición forzada, así como a proporcionar información sobre la suerte y paradero de las personas actualmente detenidas en régimen de incomunicación. Además, solicitaron que se garanticen todas las garantías legales, como el derecho a comunicarse con sus familiares, recibir visitas y tener acceso a asistencia letrada de su elección.
En los últimos meses, se han reportado varios casos de detenciones en los cuales los familiares no son informados sobre el paradero de la persona durante horas e incluso días. Uno de los casos más notables fue el de Rocío San Miguel, abogada especializada en asuntos militares, quien fue acusada de conspiración en febrero y cuyos abogados denunciaron que se encontraba en situación de desaparición forzada.
Ante esta preocupante situación, la oficina del alto comisionado para DDHH de la ONU decidió suspender sus actividades en Caracas. Sin embargo, recientemente el presidente Nicolás Maduro se comprometió a permitir el regreso de la oficina del ACNUDH, después de una visita del fiscal de la Corte Penal Internacional.
En conclusión, es necesario que el Estado venezolano tome medidas urgentes para abordar el aumento de desapariciones forzadas y garantizar el respeto de los derechos humanos en el país.
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