Y no puede interpretarse como una intervención o incursión de EEUU en territorio mexicano, aunque así lo ha considerado la presidenta de ese país Claudia Sheinbaum.
Ello implicaría una violación de normas internacionales y un riesgo aún mayor para la crítica relación con su principal socio comercial desde el año pasado, según afirman especialistas en violencia criminal y derecho internacional.
“No es clara la posibilidad de que pueda ocurrir eso. Los cárteles de droga no son un ejército propiamente que implique una intervención, porque represente una amenaza superior a la seguridad, como ocurrió con Ecuador cuando fue bombardeado por Colombia un campamento guerrillero de las FARC, son escalas distintas y también su imbricación en la sociedad”, sostiene el sociólogo Roberto Briceño-León, estudioso de la violencia criminal en América Latina.
Presión a México
La orden ejecutiva de Trump es más bien vista como una “forma de presión” para que el gobierno de Sheinbaum actué de manera contundente contra los cárteles de droga, lo que ha sido exigido en varias ocasiones por el ahora presidente de EEUU.
“Pudiera servir como impulso o presión para que el Estado mexicano coordine con EEUU algún tipo de medida que que permita localizar, detener y procesar grupos ilegales en México”, según señaló la analista internacional Iliana Rodríguez Santibáñez a un canal de televisión estadounidense.
Lo cierto es que el controvertido decreto está antecedido por la extendida preocupación sobre los efectos mortales que el fentanilo está causando principalente en los segmentos más jóvenes de la población. Y también por la advertencia de Trump, en noviembre pasado, de no imponer a México —entre otros países— aranceles de 25% a cambio de combatir la inmigración indocumentada y el tráfico ilícito de drogas que tanto daño ha causado.
El Senado de EEUU aprobó la Ley Defensa contra el Fentanilo, que permite combatir y expropiar a los cárteles mexicanos que introducen la droga desde México hacia la nación.
De cárteles a organizaciones terroristas
La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EEUU ha identificado al menos nueve cárteles mexicanos que se consideran “cada vez más responsables» de la producción y suministro de fentanilo al mercado estadounidense. Los más poderosos serían el Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En su análisis, Briceño-León enmarca la decisión ejecutiva de Trump en la nueva manera como los gobiernos deben pensar la criminalidad, ante los cambios que estas organizaciones han experimentado en América Latina.
“Las medidas a tomar pueden ser múltiples, pero deben pensar distinto el problema, porque las dimensiones políticas del crimen organizado son diferentes hoy a las que tenían hace 20 años”, afirma.
En ese contexto, asegura que los cárteles de droga comienzan a representar “una amenaza política” para la seguridad de EEUU, dejando de ser un simple grupo criminal”, esto puede ser la causa de la orden ejecutva.
“En la política internacional de EEUU se vislumbra que estas organizaciones criminales puedan tener por detrás una intencionalidad no estrictamente económica como la de un cartel, sino de minar la estructura social y la seguridad estadounidense, algo que antes no se veía”, dice Briceño-León.
Sostiene que, contra esta intencionalidad, “reforzada por una política antinorteamericana que considera exportar droga a EEUU para horadar la cohesión social, el centro del mensaje de Trump es hacer de EEUU una nación más fuerte y segura”.
Trump contra el fentanilo
Y esto implica apuntar directamete hacia el fentanilo. Se sabe que al menos tres de sus precursores (4-AP, 1-boc-4-AP y Norfentanyl) se importan desde México a China, natural adversario de EEUU, y la droga, en grandes cantidades, se enrumba hacia este país. A pesar de que China prometió a la administración Biden, en agosto de 2024, mayor control a la producción y comercio de los precursores químicos, esto no se habría cumplido.
“La entrada del fentanilo está causando un fuerte daño a la nación y los cárteles lo hacen por la frontera de México-EEUU. Aquí se entrecruzan la delincuencia y la migración, que son los dos temas más sensibles para la población a la que Trump dice, con el decreto, que está dando respuestas”, afirma Briceño-León.
Lo que no está claro para el sociólogo es cómo se implementaría en la práctica la orden ejecutiva: “En una primera interpretación, pareciera que no solo serán las instituciones dedicadas al crimen en EEUU las que tienen que ocuparse del problema, sino también las instituciones de orden político”.
Esto, indica, implicaría el uso de otras fuerzas no simplemente policiales, sino militares, como el Ejército, y de organizaciones políticas que tengan que ver con terrorismo. “Pero, ¿cómo se llevaría a cabo el control? La persecución y otro tipo de actores es muy difícil de imaginar”.
Decreto, sin transgresión de fronteras
Rodríguez Santibáñez, por su parte, menciona las implicaciones del decreto presidencial contra los cárteles mexicanos, que son “múltiples”, según dice, y vale la pena citar.
Señala, en primer lugar, el “recrudecimiento y endurecimiento” de las medidas de custodia y vigilancia en la frontera de México con EEUU, lo cual puede implicar la presencia del Ejército —y no ya de la Guardia Nacional— a lo largo de línea fronteriza. “Esto es más agresivo en la frontera y en la relación de los dos países”, dice.
También indica que el decreto puede impactar negativamente en la atracción de inversión extranjera en México, pues “puede generar la percepción de peligrosidad en el territorio y desalientar la inversión externa y nacional”.
Junto a esto, se despliega toda la legislación de EEUU en materia de control y seguridad fronteriza y de la llegada de mercancía y personas, lo que puede ocasionar serias restricciones.
¿Extraterritorialidad?
Sin embargo, la especialista en derecho internacional deja claro el alcance del concepto de extraterritorialidad del decreto que se interpreta como una intervención en México.
Considera que el tema de extraterritorialidad de la aplicación del decreto de Trump es un aspecto a considerar, pero las veces en que se ha hecho esto ha sido bajo un concepto muy estricto que ha pasado por el Congreso de EEUU, como la Ley Helms Borton y el bloqueo de Cuba, refiere.
“Allí vemos una aplicación de la ley afuera, pero en el caso actual, esta estaría orientada hacia los ciudadanos estadounidenses que se verían impedidos de hacer negocios para evitar generar cadenas delincuenciales con agentes ilegales en territorio mexicano”.
“Un uso de la fuerza, por ejemplo, sí violentaría todo el orden de derecho internacional y al ser México un país soberano no puede permitir la agresión por parte de otro territorio que pudiera comprometer su soberanía. Entonces, creo el gobierno de EEUU manda una señal con este objetivo, pero no se plantea un uso de la fuerza extraterritorial o que pueda transgredir la frontera con el territorio mexicano”, afirma tajante Rodríguez Santibáñez, en la entrevista con el canal.
FUENTE: Entrevista a Roberto Briceño-León, especialista en violencia; con información de CNN
