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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se unió al reclamo de la familia del periodista guatemalteco, José Rubén Zamora, para exigir su liberación al cumplirse dos años de prisión.
Zamora enfrentó un proceso judicial señalado de irregular por observadores de derechos humanos en el país centroamericano, donde se le acusó de lavado de dinero y fue sentenciado a seis años de prisión.
El presidente de la SIP, Roberto Rock, dijo en un comunicado que desde el organismo regional se exhorta a las autoridades de Guatemala a «liberar de inmediato al periodista», considerado como un preso de conciencia.
Su encarcelamiento es una «represalia por su labor informativa», según la SIP, perseguido por el Ministerio Público, dirigido por la fiscal Consuelo Porras, sancionada por EEUU y la Unión Europea, al igual que algunos jueces del país.
Por su parte el hijo del periodista Zamora, José Carlos Zamora, quien junto al director regional de Reporteros sin Fronteras para Latinoamérica, Artur Romeu, lo visitó en la prisión al cumplirse dos años de cárcel, adelantó las exigencias.
Zamora hijo exigió al Estado guatemalteco otorgue la libertad condicional a su padre para que pueda enfrentar en libertad condicional los procesos judiciales en su contra.
“Estamos pidiendo que lleguemos a un acuerdo amistoso, [bajo el sistema interamericano de Derechos Humanos] lo que él [presidente Bernardo Arévalo] tiene el poder de aprobar y con eso el equipo legal va a hacer lo necesario para que él [Zamora] tenga su libertad”, dijo el hijo del periodista, que calificó la permanencia en prisión de su padre de un “atropello, un abuso y un ataque a la democracia”.
Luego de la visita a la prisión, José Carlos Zamora, sostendría una reunión con el mandatario guatemalteco para entregarle una carta donde denuncian las injusticias y fallas al debido proceso en el caso del periodista.
La familia, que tuvo que abandonar el país por temor a represalias y a ser criminalizada por el Ministerio Público, pide que se apliquen al caso Zamora normas jurídicas internacionales.
Desde Reporteros sin Fronteras
Para el director regional de Reporteros sin Fronteras, Artur Romeu, la persecución y encarcelamiento de José Rubén Zamora «se ha vuelto un símbolo y monumento de la lucha por la libertad de prensa en el mundo», por lo que se unen a los llamados para exigir su libertad.
Los organismos internacionales y la familia coinciden en que el sistema judicial de Guatemala, y especialmente los jueces que conocen las dos causas en las que la fiscalía acusa a Zamora por lavado de dinero y por falsificación de documentos, mantienen la acción como «venganza» contra el periodista.
“Es clarísimo que esto viene del pacto de corruptos [como le llaman a un grupo de particulares coludidos con fiscales, jueces y políticos que ejercen corrupción y se asociaron para tener impunidad] y lo que se convirtió en su herramienta principal para perseguir las voces críticas: el Ministerio Público”, dijo Zamora hijo.
A principios de este mes un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dijo que la detención del periodista es arbitraria y consideran la detención de Zamora como «espuria» y se han unido a las voces que piden su liberación.
“Esperamos que esto termine pronto. Es terrible ver que el Estado está controlado por una célula criminal en el Ministerio Público y jueces que se dedican a emitir resoluciones ilegales e inconstitucionales”, enfatizó José Carlos Zamora.
La SIP ha reiterado que durante su encarcelamiento, Zamora ha sido sometido a “violaciones flagrantes y torturas de índole sicológica y física”, según relató él mismo ante una misión del organismo regional que lo visitó en cárcel.
También un equipo internacional de abogados, en representación de la familia de Zamora, instó al relator especial de la ONU sobre la Tortura a tomar medidas urgentes para protegerlo y asegurar su libertad.
El periodista –un emblema de la lucha por la libertad de expresión en Guatemala- fungía como presidente del desaparecido El Periódico desde donde denunció actos de supuesta corrupción durante sucesivos gobiernos en Guatemala, pero fue durante la gestión de Alejandro Giammattei que empezó la persecución.
La administración Giammattei (2020 – 2024) también ensombreció el panorama sociopolítico del país al perseguir a más de 100 operadores de justicia incluidos jueces y fiscales, abogados, defensores de derechos humanos, opositores políticos y periodistas; muchos exiliados por haber denunciado o investigado actos de corrupción y crímenes de lesa humanidad.
[Con aportes de The Associated Press]
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