Un grupo de congresistas y representantes republicanos y demócratas de Estados Unidos presentaron el jueves un proyecto de ley que busca elevar de 15 a 100 millones de dólares la recompensa establecida por Washington por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La iniciativa se denomina Ley para Asegurar Oportunidades de Pago y Maximizar Recompensas por la Detención de Funcionarios de Regímenes Ilegítimos (también conocida como «Ley STOP MADURO»).
«El régimen de Maduro es un grupo criminal que alimenta el narco-terrorismo, suprime los medios de comunicación independientes y viola los derechos humanos con impunidad», dijo en un comunicado el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, republicano por Florida.
La medida aparece casi dos meses después de celebrados unos diputados comicios presidenciales en que los que la oposición mostró resultados que dieron como ganador al excandidato opositor Edmundo González (hoy exiliado en España), mientras el oficialismo declaró como ganador al presidente Maduro, sin que mostraran las actas con los resultados a día de hoy.
La recompensa que los legisladores intentan ampliar sería sufragada directamente por el gobierno federal estadounidense, aunque usarían «activos incautados que ya están retenidos a Maduro, a funcionarios de su régimen y a sus cómplices, sin utilizar fondos de los contribuyentes», señala la comunicación.
Datos de la oficina del Fiscal General de EEUU en Florida, citados por los legisladores, cifran en unos 450 millones de dólares el monto por las incautaciones de activos referentes a Venezuela.
Díaz-Balart criticó la gestión del ejecutivo actual bajo el mando del presidente demócrata Joe Biden, a quienes sugirió que en vez de «aliviar las sanciones», lo que debería hacer es «solidarizarse con el pueblo venezolano en su lucha por la libertad aumentando la presión y fortaleciendo sanciones».
El gobierno Biden-Harris ha establecido duras sanciones económicas contra el gobierno de Caracas, así como ha anunciado el retiro de visas contra funcionarios aliados a Maduro por apoyar el resultado de las recientes elecciones presidenciales, puestos en entredicho por la comunidad internacional.
En ese sentido, la legisladora demócrata Debbie Wasserman Schult, quien encabeza el proyecto junto a Díaz-Balart, ripostó: “La Casa Blanca de Biden-Harris dirigió hábilmente una rápida presión internacional contra el régimen de Maduro, amplió las sanciones existentes y reunió apoyo mundial en torno a esta realidad: Edmundo González ganó de manera aplastante y el pueblo venezolano merece que se cuenten sus votos y se respeten sus derechos humanos».
Aparecen como firmantes, además los representantes republicanos Christ Smith y Carlos Gimenez, assí como Darren Soto, demócrata. El proyecto fue presentado ante el Senado por los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott.
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