El comercio electrónico es uno de los sectores económicos que mayor crecimiento ha tenido en el último lustro en Venezuela, con tasas de incremento de la actividad de 1.200% en 2020, 2.000% en 2021 y 500% en 2022, pero este rendimiento ha quedado al margen del marco regulatorio venezolano y se expande de forma descontrolada, contribuyendo al auge que experimenta el comercio informal.
Por Brian Contreras / talcualdigital.com
Para el gremio comercial, este problema no es nuevo y sus principales voceros ya han advertido sobre esta situación, con un llamado al Gobierno para que regule el mercado informal que prolifera en el mundo digital.
Tiziana Polesel, expresidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) para el período 2021-2023 lo denunció durante la Asamblea Anual de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), frente a un puñado de funcionarios del Gobierno, mientras discutía sobre fórmulas para atacar el contrabando.
«El contrabando no es sino resultado de un desequilibrio. Tenemos que abordar ese desequilibrio, buscar la manera de que no ocurra. El ilícito está vinculado directamente a la informalidad, y allí es donde tenemos que atacar el problema. El informal ya no es solo el señor que pone una sábana en una acera, ahora lo hace desde su casa por medios electrónicos ¿Por qué el Estado no lo empieza a buscar y a atacar?», cuestionaba.
Esta última pregunta hecha por Polesel genera un eco particular, porque el Estado, a través del Poder Legislativo, ya ha adelantado el terreno para una regulación, pero ha tardado más de tres años en concretar tan siquiera el segundo paso.
La Asamblea Nacional electa en 2020 (AN-2020), controlada por el chavismo, asomó en mayo de 2021 que un proyecto de ley que regularía el comercio electrónico entraría en primera discusión en el transcurso de esas semanas. Casi tres años más tarde, se sigue esperando que esa primera discusión finalmente se produzca en el Parlamento.
De hecho, en enero de 2023 volvió a anunciarse el desarrollo de este proyecto —como si no se tratase de una deuda antigua—, que estaría a cargo de las comisiones permanentes de Ciencia y Tecnología y de Economía y Finanzas, pero en el transcurso de todo el año no hubo avance alguno.
Desde la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), las expectativas están puestas en que esta reforma jurídica para el sector se concrete finalmente en 2024 y empiece a corregir diversas distorsiones que afronta esta industria en un contexto de franco crecimiento.
El presidente de Cavecom-e, Richard Ujueta, explicó a TalCual que desde al menos una década se ha pedido la publicación de una ley que regule el sector. Este marco regulatorio estuvo a punto de definirse en 2014, tras ser discutido por el Parlamento —que en ese entonces también controlaba el chavismo—, pero se trataba de una normativa con un perfil sancionatorio que no incentivaba las inversiones.
Ahora que el Gobierno cambió su política económica y dejó —al menos parcialmente— de lado las sanciones, Ujueta considera que es tiempo para dar un «salto cuántico» en el sector, con una ley que sí pueda incentivar la inversión e integrar a la actividad formal a todos esos comerciantes informales que utilizan plataformas digitales para ofrecer sus bienes y servicios.
«Pedimos una ley de comercio electrónico. Debe ser una ley inclusiva, en la que participen todos los actores. Involucra todo lo que tiene que ver con el comercio gubernamental en todos sus niveles, industrias, distribuidores y consumidor final. Son distintos niveles de comercio que se ven limitados y necesitan estar normados para que el comercio electrónico crezca de forma sana. No podemos hacer una ley a la ligera», razonó.
Desde este gremio ya se enviaron propuestas concretas tanto al Ministerio de Comercio como a la AN-2020, pero la espera por medidas concretas se sigue manteniendo y la formalidad pierde cada vez más terreno ante la actividad comercial no regulada.
Caldo de cultivo para la informalidad
De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (Encovi), publicada a finales de 2022, aproximadamente 44% de la masa laboral del país se definía como «trabajador por cuenta propia», al margen de lo que se considera «empleo formal».
Una década atrás, este porcentaje se ubicaba en torno a 30%; aunque marca una mejora con respecto a 2021 cuando la tasa alcanzó un pico de 51,7%, probablemente impulsada precisamente por un despunte del comercio informal que se presentó en el contexto de la pandemia, con decenas de negocios temporales que funcionaban gracias a plataformas virtuales.
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