Las manifestaciones callejeras pacíficas y la presión internacional aún pueden lograr la salida del poder del presidente venezolano Nicolás Maduro, dijo este martes la líder opositora María Corina Machado, tras un mes de disputa electoral y cuando las vías de la oposición para reclamar el poder parecen estrecharse.
El desacuerdo sobre las elecciones del 28 de julio ha provocado reclamos internacionales, que piden la publicación de los recuentos completos de votos, protestas y medidas de la Fiscalía venezolana para investigar a la oposición y detener a periodistas.
Machado dijo en una entrevista con Reuters que la oposición tiene una «estrategia robusta» para reclamar la victoria. No dio detalles, pero agregó que ella y el excandidato opositor, Edmundo González, están unidos.
«Es la coordinación entre fuerzas internas y externas la que logrará el cambio», dijo Machado, quien ha aparecido en las marchas, pero por lo demás ha estado oculta desde la votación.
«¿Qué le queda a Maduro hoy? Un grupo muy reducido de militares de alto rango, el control que tiene de magistrados del TSJ y las armas (…) la forma es que esta sembrando el miedo», agregó Machado en una llamada por video.
La autoridad electoral de Venezuela y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificaron a Maduro como el vencedor de las elecciones, diciendo que ganó poco más de la mitad de los votos en la contienda del 28 de julio.
Pero recuentos de alrededor del 80 % de las urnas publicadas en un sitio web de la oposición muestran una victoria rotunda de González, con un apoyo del 67 %.
Algunos países occidentales, casi todas las democracias de América, y organismos internacionales como un panel de expertos de las Naciones Unidas han pedido la publicación de los recuentos completos de votos, y algunos alegan fraude por parte del partido gobernante.
El consejo electoral aún no ha publicado los recuentos detallados, diciendo que un ataque cibernético el día de las elecciones afectó sus sistemas.
Cuando se le preguntó a Machado si Maduro, quien ha dicho que ella y González deberían estar detenidos por avivar la violencia en las protestas, podría permanecer en el poder con el control militar, Machado dijo «no, absolutamente no».
Machado hizo los comentarios el mismo día en que se espera que González ignore, por segunda vez, una citación para comparecer ante la oficina del fiscal general para testificar sobre el sitio web de la oposición.
González, un exdiplomático de 74 años, ignoró su primera citación el lunes y se podría emitir una orden de aprehensión en su contra si ignora una tercera, de acuerdo con abogados.
Los venezolanos están sintiendo rabia y dolor por la represión y los profundos problemas económicos del país, dijo Machado.
Cuando se le preguntó si esos sentimientos podrían llevar a protestas violentas, Machado dijo que confía en que los venezolanos entiendan cómo «manejar nuestra fuerza».
«Aquí hay una estrategia robusta en la cual nosotros estamos avanzando simultáneamente en muchos planos: en la opinión pública nacional, manteniendo a nuestra gente con foco en la meta, moralizada», dijo.
«No subestimemos a la gente, este es un momento en el cual el propósito es que la gente esté informada, alineada, protegiéndose unos a otros, denunciando los atropellos del régimen», agregó.
Las protestas desde la votación han provocado al menos 27 muertes y 2.400 arrestos, y tanto la oposición como el partido gobernante han pedido a sus seguidores que se manifiesten el miércoles, cuando se cumple un mes de la elección.
Los funcionarios del partido gobernante han acusado a la oposición de promover la violencia y el fiscal general, Tarek Saab, inició a principios de mes investigaciones penales contra Machado y González por el sitio web y una carta pública dirigida a militares y policías.
Las detenciones de dirigentes de la oposición y manifestantes han continuado en las semanas posteriores, mientras la Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, aprobó una ley que endurece las normas para las ONG.
Los sindicatos han denunciado supuestas renuncias forzadas de empleados estatales que expresan opiniones a favor de la oposición.
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