Manifestantes contrarios a la reforma del Poder Judicial mexicano, que busca que los jueces sean elegidos por el voto popular, bloquearon el martes los accesos a la Cámara de Diputados horas antes de que los legisladores comenzaran a votar una iniciativa que cada vez tiene más voces en contra.
Empleados de los tribunales, estudiantes y otros críticos pusieron cuerdas en las entradas de la Cámara y bloquearon algunas calles aledañas mientras lanzaban consignas como “¿En dónde están, en dónde están, los diputados que nos iban a escuchar?», o “Reforma judicial, capricho presidencial”.
Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena —el partido del presidente— dijo en sus redes sociales que no iban a solicitar a la policía que desalojara a los manifestantes porque no querían enfrentamientos, por lo que estaban buscando sedes alternativas, incluidos hoteles, para realizar la sesión.
No obstante, garantizó que «esta reforma va, porque así fue como nos lo indicó el pueblo de México en las urnas» en junio, cuando Morena y sus socios ganaron las elecciones por una aplastante mayoría.
Los trabajadores no se resignan y aseguran que continuarán luchando contra la reforma en el ámbito jurídico y en las calles. “No termina todavía el proceso legislativo… siguen más pasos… y seguiremos pidiendo escucha, que nos den la oportunidad del diálogo, que nos permitan explicarles la regresión en la que caería todo el Estado mexicano” de pasar esta reforma, dijo una de sus voceras, Patricia Aguayo.
En tanto, los trabajadores de la Suprema Corte anunciaron su apoyo al paro de labores iniciado por la judicatura federal hace dos semanas.
La suspensión de actividades en la Suprema Corte podría comenzar este mismo martes después de la sesión en la que se prevé que los magistrados decidan si también ellos se suman a la huelga. Varios de los 11 miembros del tribunal, incluida su presidenta Norma Lucía Piña, han criticado públicamente la reforma y se han solidarizado con sus compañeros en paro. Al menos dos de sus integrantes se han pronunciado a favor de la iniciativa presidencial.
La propuesta para cambiar la Constitución y restructurar todo el Poder Judicial de México ha generado un sinfín de críticas no sólo de los partidos de la oposición sino de toda la judicatura, estudiantes, colectivos sociales, consultoras financieras y hasta de Estados Unidos y Canadá.
Todos coinciden en que la iniciativa politizará la justicia, pondrá en riesgo principios básicos del Estado de Derecho, lo que puede tener serias consecuencias económicas al generar incertidumbre en los mercados, inversores y socios comerciales de México.
En las puertas de la Cámara de Diputados, los manifestantes expresaban los mismos temores.
“El partido mayoritario podría tomar en control del Poder Judicial y esto sería prácticamente el fin de la democracia», dijo Javier Reyes, un trabajador de la judicatura quien, como muchos, veía necesaria una reforma pero no en los términos propuestos por el oficialismo. «Ellos quieren ser los nuevos dueños de México”.
La reforma constitucional comenzó a tramitarse el domingo, el primer día de sesiones de la Cámara de Diputados elegida en las urnas en junio en unos comicios que dieron al oficialismo la mayoría de dos tercios necesaria para sacar adelante los cambios en la Carta Magna.
Este martes está previsto que el pleno inicie su votación en general para culminarla el miércoles en particular con lo que, si no hay sorpresas, esta misma semana llegaría al Senado, que también debe aprobarla antes de pasarla a ratificación de los estados para su eventual entrada en vigor.
Además de las duras críticas de fondo, los partidos de oposición han denunciado serias irregularidades en el trámite de la reforma, realizado de forma acelerada por los diputados de la legislatura saliente e impuesto a los nuevos parlamentarios sin debate, muchos de los cuales denunciaron que ni siquiera habían podido leer la iniciativa. Aunque una jueza aceptó un amparo el sábado para suspender temporalmente su discusión, el oficialismo dijo que su decisión no era procedente.
La reforma del Poder Judicial es la primera de una veintena de modificaciones a la Constitución propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador que incluyen también otras muy controvertidas, como la que que aspira a eliminar organismos independientes que sirven de contrapeso al gobierno, como el de transparencia, o que luchan a favor de la libre competencia.
En la Cámara de Diputados, mientras los críticos protestaban, en un muro se mostraba el sentir de otra parte de los mexicanos. Junto a una pintura del rostro de López Obrador podía leerse “hasta siempre presidente”.
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