Más de 380 violaciones al derecho a la libertad de expresión se registró en Venezuela durante 2023, advirtió Espacio Público
En medio de un escenario pre electoral, que implica un reacomodo de las fuerzas políticas y la reactivación de la agenda de calle, el derecho a la libertad de expresión se posiciona como elemento fundamental para la consolidación de una sociedad democrática. Las restricciones impuestas desde las instituciones del Estado y mediante el discurso oficial limitan de manera directa la labor de periodistas y medios de comunicación, así como el derecho de las personas a mantenerse oportunamente informadas.
Por Espacio Público
Durante el 2023 registramos al menos 204 casos1, lo cual representa una disminución del 11% con relación al número de situaciones registradas en el 2022. Aunque este año 2023 registra la menor cantidad de eventos en la última década, la incidencia se mantiene por encima del promedio de casos previo a 2013. Este último periodo de estudio mantuvo un estancamiento de la agenda política y de desmovilización de los partidos políticos opositores, sin embargo, los tipos de casos registrados fueron más violentos, al involucrar mayores vulneraciones a la libertad personal respecto al año anterior.
El mes con mayor número de casos fue mayo (27) 2, esto motivado a los ataques sufridos por la prensa en distintos estados del país. Octubre (22) y septiembre (21), completan la lista de los estados con más situaciones. En promedio, se registraron al menos 17 casos mensuales.
En el 2023 se contabilizaron 384 denuncias de violaciones, lo cual representa una disminución del 18% con respecto al total de violaciones registradas en el 2022, cuando ocurrieron 470 incidencias. La disminución del número total de violaciones, con relación a la cifra registrada en el 2022 no implica que se estén implementando políticas para garantizar el derecho a la libertad de expresión en el país, por el contrario, se mantienen las limitaciones estructurales al derecho a buscar, difundir y recibir informaciones. La menor incidencia es relativa respecto a los altos niveles de años previos que coinciden con escaladas masivas de la conflictividad social y política.
Impedimentos a la cobertura
La principal violación registrada en este periodo fue la intimidación, la cual suma casi un tercio del total de incidencias. Esta violación está vinculada principalmente a los impedimentos de desplazamiento, detenciones arbitrarias o asalto a periodistas durante el ejercicio de sus labores.
El 15 de febrero, un vigilante del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, en Maturín, estado Monagas, intimidó a los periodistas Jefferson Civira y José Ignacio Piñango 3 al impedirles que ingresaran al centro de salud pública para hacer una cobertura periodística. Civira, periodista de El Periódico de Monagas y corresponsal de La Patilla, explicó que el hecho ocurrió luego de que ambos reporteros cubrieron una pauta en la Unidad de Infectología, fuera del centro de salud. Los periodistas querían buscar información de otras especialidades y recoger denuncias de pacientes y familiares.
El 27 de diciembre, funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) prohibieron que las y el periodista Ruth Lara Castillo, María Torres y Juan Carlos Hernández 4 grabaran e hicieran cobertura periodística del derrame petrolero que ocurrió el 26 de diciembre, en la refinería El Palito, ubicada en el estado Carabobo. En la tarde de ese día, ya había reportes en redes sociales y medios independientes de lo ocurrido. Al día siguiente, los periodistas se acercaron a la zona costera afectada a buscar testimonios, material gráfico y mayor información, pero les fue impedido hacer su trabajo.
Detenciones arbitrarias
En el 2023 contabilizamos al menos 28 detenciones por el ejercicio del derecho; lo que representa un incremento del 65% con relación al año pasado, cuando registramos 17 detenciones. Del total de personas detenidas, 16 fueron particulares, 10 trabajadores públicos y dos periodistas. Estas detenciones suelen ser una medida en represalia por mensajes difundidos en redes sociales o reclamos antigubernamentales enviados a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Dicha situación mantiene la alerta sobre la creciente amenaza a la privacidad ante la intervención de comunicaciones personales, registrada por la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas 5, o el seguimiento y la posterior criminalización de mensajes de interés público.
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