CIUDAD DE MÉXICO.- México está a un paso de implementar una polémica reforma que cambiará profundamente su sistema judicial. La propuesta, que establece la elección popular de todos los jueces, incluyendo los de la Suprema Corte, recibió el respaldo necesario de 18 congresos estatales, superando el umbral mínimo de 17 para su aprobación. Esta medida convertirá a México en el primer país del mundo en adoptar un sistema de elección directa para todos sus jueces.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es el principal impulsor de la reforma, anunció que solo queda pendiente la firma presidencial para que la reforma entre en vigor. “Con 18 estados aprobando la reforma, ya es legal. Estamos dando un gran paso hacia un sistema judicial más transparente y libre de corrupción”, dijo López Obrador en su conferencia matutina. El siguiente paso será la promulgación formal por parte del mandatario, seguido de la creación de leyes secundarias por el Congreso Federal para regular la nueva estructura judicial.
La reforma permitirá que, por primera vez, todos los jueces en México sean elegidos por votación popular. Los procesos electorales para elegir a estos jueces se llevarán a cabo en dos fases: en 2025 y 2027. Los candidatos serán propuestos en paridad de género por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los jueces actuales podrán postularse para los nuevos cargos, y aquellos que no participen en la elección podrán continuar en sus puestos hasta que sus sucesores asuman.
Este cambio radical generó una gran controversia. López Obrador argumentó que la reforma es necesaria para eliminar la corrupción y los privilegios que, según él, han caracterizado al poder judicial mexicano. Sin embargo, críticos de la reforma, incluidos magistrados del Supremo, defensores de derechos humanos y expertos internacionales, señalaron que el sistema de elección popular podría comprometer la independencia judicial. Advierten que los jueces podrían verse sometidos a presiones políticas y manipulaciones del narcotráfico, lo que podría afectar negativamente la imparcialidad y eficacia del sistema judicial.
La reforma también tuvo repercusiones diplomáticas, especialmente con socios comerciales clave como Estados Unidos y Canadá, que expresaron preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la seguridad jurídica y en el tratado T-MEC, que regula las relaciones comerciales entre los países. Las tensiones aumentaron en medio de un ambiente político ya cargado, exacerbado por las recientes protestas y bloqueos en el Senado y la Cámara de Diputados por parte de funcionarios judiciales y estudiantes.
Además de la elección popular de jueces, la reforma incluye la figura de “jueces sin rostro” para proteger la identidad de los jueces en casos de crimen organizado. Este mecanismo, inspirado en prácticas de otros países como El Salvador, es objeto de críticas por los abusos que ha permitido en contextos similares.
En comparación con otros países de América Latina, Bolivia es el único que ha implementado un sistema de elección popular para sus magistrados de altas cortes, aunque también ha enfrentado cuestionamientos sobre la independencia judicial. La reforma mexicana, por tanto, representa un cambio significativo y sin precedentes en la región.
La implementación de esta reforma será un proceso complejo que tendrá profundas implicaciones para el sistema judicial y el equilibrio de poderes en México. Su éxito o fracaso será observado de cerca tanto a nivel nacional como internacional, y determinará el futuro del poder judicial en el país.
FUENTE: Con información de AFP
