GINEBRA.- La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) presentó este viernes, 20 de septiembre, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, su más reciente informe, en el que denunció una nueva ola represiva «sin precedentes», tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
En el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela investigó y documentó una escalada en las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. De acuerdo con su más reciente informe presentado en el 57° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “el Estado reactivó e intensificó la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión”.
Luego de la presentación del informe, el ente multilateral desarrolló un diálogo interactivo con las distintas delegaciones que fijan su posición con respecto a lo sucedido en Venezuela, donde se registra y documenta un reporte consolidado sobre la fuerte represión que se intensificó tras los comicios del 28 de julio, en donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) ofreció unos datos que fueron calificados como fraudulentos, con la supuesta victoria de Nicolás Maduro, sin puebas, frente al claro triunfo del candidato de la coalición opositora, Edmundo González Urrutia.
«La maquinaria represiva continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos», dijo la presidenta de la FFM, Marta Valiñas.
La experta alertó que se trata de “una de las crisis de derechos humanos más agudas en la historia” de Venezuela.
“Estas violaciones de derechos humanos son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión para desalentar, silenciar y anular la oposición política”, destacó.
Valiñas advirtió que en el país “está desapareciendo la mínima apariencia de legalidad» y que hay un «riesgo de desaparición del Estado de Derecho”.
En su informe, la Misión de la ONU documentó cientos de detenciones arbitrarias y decenas de casos de desaparición forzada.
“Continuaron los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Misión identificó una serie de métodos de tortura utilizados por las fuerzas de seguridad o por los servicios de inteligencia, como puñetazos, golpes con planchas de madera o combates envueltos en espuma y descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación forzada del sueño”, detalló Valiñas.
La Misión también continuó registrando “actos de violencia sexual y basada en género, normalmente en centros de detención, que se incrementaron tras la crisis postelectoral”, entre ellos “manoseos de senos, glúteos y genitales, desnudez forzada y requisas invasivas, amenazas e insultos sexistas y denegación de derechos sexuales y reproductivos contra algunas de las más de 200 mujeres y niñas detenidas, así como contra mujeres que visitaban a sus seres queridos en los centros de detención».
El evento central de la investigación realizada por la Misión fueron la elección presidencial, la cual desató una ola de protestas en todo el país, motivadas a las múltiples irregularidades que empañaron este evento. La respuesta del gobierno fue rápida y feroz. De acuerdo con la Misión, la represión de las protestas dejó un saldo de 25 muertos y un número indeterminado de detenidos. Las fuerzas de seguridad, siguiendo un patrón ya conocido, actuaron sin contemplaciones, utilizando la violencia como herramienta principal para silenciar cualquier expresión de disidencia, dijo la ONG CEPAZ (Centro de Justicia y Paz).
FUENTE: ONU/ MONITOREAMOS / ONG CEPAZ / DIARIO LAS AMÉRICAS
