CARACAS.- La Misión de la Determinación de Hechos de la Oganización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela instó al régimen de Nicolás Maduro a detener «inmediatamente» la feroz represión desatada en contra opositores y ciudadanos que demandan respeto a los resultados electorales que, de acuerdo con las actas escrutadas, dan como ganador al diplomático Edmundo González Urrutia.
La misión de la ONU, que ha documentado al menos 23 muertes ocurridas entre el 29 de julio y el 8 de agosto, la mayoría productos de disparo con armas de fuego, exigió que se investigue «a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos» que se está cometiendo en el país suramericano.
«Las protestas en la calle, así como en redes sociales, de las semanas posteriores a las elecciones abrieron paso a una feroz represión por la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades, creando un clima de temor generalizado», señaló Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
De acuerdo con el recuento de la instacia de DDHH, 18 de las victimas mortales fueron hombres menores de 30 años. «Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas (…) Las víctimas y sus familiares deben obtener justicia«, indicó Valiñas.
Patrón de detenciones arbitrarias
La Misión, además, ha podido determinar que al menos 1.260 ciudadanos fueron detenidos de manera arbitraria desde el días de las elecciones presidenciales, entre ellas 160 mujeres y más de 100 menores de edad. La mayoría de las detenciones, según sus reportes, se registraron en Caracas, con 18%; seguido de los estados de Carabobo (centro), con 16%; y Anzoátegui (noreste), con 9%.
No obstante, recuerda que la cifra podría superar las 2.200 detenciones, según han reconocido el propio dictador Nicolás Maduro y su fiscal, Tarek William Saab, quienes de manera indiscriminada han calificado a los detenidos de «terroristas».
Igualmente, la Misión expresó su preocupación por el trato que se le ha dado a los menores de edad detenidos, a quienes se les ha imputados por delitos graves como terrorismo, conspiración e instigación al odio, al igual que los adultos, sin que contaran con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales.
«La Misión reclama con firmeza la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior”, señaló el experto Francisco Cox.
Patrón de detenciones arbitrarias
La Misión de Determinación de Hechos ha identificado el patrón que siguen las detenciones arbitarias en Venezuela tras las elecciones presidenciales, que Maduro insiste en atribuirse, a pesar de que las actas de votación de testigos y miembro de mesa le dan el triunfo al abanderado opositor por más de cuatro millones de votos.
En esta nueva etapa represiva, el régimen ha extendido la persecución de dirigentes, miembros y simpatizantes de partidos políticos, periodistas y defensores de derechos humanos a ciudadanos comunes que manifestaron su rechazo a los resultados fraudulentos emitidos por el Poder Electoral, al servicio del chavismo, sin que hasta la fecha, dos semanas después del proceso, hayan publicado de manera desglosada la totalidad del sufragio.
«Muchas de estas detenciones ocurrieron después de que las personas participaran en protestas o expresaran sus opiniones en redes sociales, cuando las autoridades las fueron a buscar selectivamente en sus casas«, agregó la instancia. Esto, ha quedado evienciado en los centenares de videos que han publicado los ciudadanos a través de las redes sociales, producto de la denominada «operación tun tun» que inició la tiranía para detener a manifestantes y opositores.
Exigen al régimen que respete el debido proceso
La Misión destaca que las más de mil detenciones registradas han sido arbitrarias. Además, recalcan que «constituyen graves violaciones al debido proceso, dejando a las personas desprotegidas ante el sistema de justicia».
Los detenidos, que engrosan los cerca de 300 presos políticos registrados antes del 28 de julio, han sido presentados en audiencias telemáticas sumarias, «llevadas a cabo por los Tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar». Además, han sido imputados graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, «sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada», agregó la instancia.
Igualmente, a los familiares de los aprehendidos se les ha negado información o se les ha dado información tardía o incompleta sobre sus paraderos y se ha impedido el nombramiento de abogados de confianza en todos los caos.
«Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato (…) Las autoridades tienen que respetar de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso y sobre las condiciones de detención, usando los canales formales para comunicarse con los familiares», subrayó la experta de la Misión, Patricia Tappatá.
FUENTE: Con información de comunicado de prensa
