CARACAS.- La reciente aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y Afines, por parte de la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, genera una profunda preocupación entre las organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, porque podría tener consecuencias significativas que amenacen la operatividad y autonomía de las ONG en Venezuela
Según Oscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), la nueva ley impone una serie de requisitos burocráticos que dificultan el funcionamiento diario de las ONG y limitan su capacidad para llevar a cabo proyectos y actividades esenciales.
Sostiene, además, que la nueva legislación valida la persecución contra la sociedad civil venezolana y, de manera específica, a grupos de organizaciones que hacen incidencia pública, nacional e internacional, sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la última década. “Esta nueva ley que la hemos llamado antisocial y anti-ONG viene a marcar un hito en esta persecución, que no es otra cosa que la profundización de un modelo autoritario, que hemos visto antes de las elecciones presidenciales, a un modelo de corte totalitario que tiene a Nicaragua como uno de los principales referentes en la región”, explicó el especialista Murillo.
El coordinador de PROVEA, también comunicador social, no duda en afirmar que esta ley restringe un derecho fundamental: la libre asociación civil, que es un derecho humano enmarcado en el derecho a la libertad de expresión. Estas asociaciones actúan como un músculo social para presionar a las instituciones del Estado, exigiendo respuestas y promoviendo la corrección de las políticas públicas. “Eso es lo que hace una sociedad libre, plural, organizada en el mundo, sobre todo en aquellos países de vocación democrática. Eso hace mejor a la sociedad”, explicó.
Regulación Financiera
Por otra parte, la ley establece una regulación del financiamiento que podría restringir severamente la capacidad de las ONG para recibir fondos, tanto nacionales como internacionales, lo que afectaría gravemente su sostenibilidad. En este sentido, Murillo afirmó que esta ley incluye un componente de revisión de la actividad financiera y administrativa de las organizaciones de la sociedad civil.
“Esto está vinculado a las sospechas reiteradas del régimen de Maduro, que considera que las ONG son una fachada para colaborar con la conspiración y el fascismo”. “Se utilizan todas estas estigmatizaciones. Lo cierto es que hay una intervención directa, porque en un Estado donde el régimen tiene un control absoluto sobre las instituciones, la discrecionalidad es la norma. Es decir, aquí se actúa según lo que el régimen de turno o la instrucción política dispongan”.
Uno de los aspectos destacados de la nueva ley de fiscalización de las ONG y afines es la obligación de que todas estas organizaciones se registren nuevamente ante las autoridades competentes. Este requisito implica que las organizaciones deben someterse a un proceso de evaluación y verificación por parte del Estado, lo que puede incluir la presentación de documentación adicional sobre su estructura, actividades y fuentes de financiamiento para estar legalizado, pero en realidad eso va a depender de la decisión política del régimen.
“PROVEA está registrada hace 25 años, nuestra actividad es pública, las instituciones del Estado pueden verificar cual es el estatus de la organización. Crean esta legislación porque les va a servir para mantener bajo control este espacio asociativo tan importante que se les escapa de las manos. Porque un gobierno de carácter autoritario no concibe el espacio plural, la autonomía y la independencia de las organizaciones civiles”.
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Riesgo inminente
El aumento en la vigilancia y fiscalización por parte del régimen plantea un riesgo inminente para la libertad de expresión. Las ONG podrían enfrentar presiones adicionales que limiten su capacidad para expresar opiniones críticas o realizar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y corrupción.
Para Murillo esta ley condiciona la libertad de expresión y opinión, además afirma que este instrumento legal pone en “peligro de extinción” las ONG, porque no se garantiza que sea legalizado en el momento del nuevo registro, porque es a “discrecionalidad del régimen si siguen operando o no.” Una vez legalizado el determinado organismo, viene el proceso de supervisión o de persecución.
“De esta manera, esta ley cambia arbitrariamente el panorama para la sociedad civil venezolana y puede generar una gran inhibición. No se trata de una propuesta aislada, sino que forma parte de un plan para controlar a la sociedad civil y causar un terror general en la población, como se ha visto después de las elecciones del 28 de julio», precisó.
Criminalización de actividades
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Esta legislación podría generar desconfianza entre los donantes internacionales, quienes podrían reconsiderar su apoyo ante un marco legal incierto, como señala el especialista de PROVEA. A su juicio, esto no solo impactaría el financiamiento, sino que también podría llevar a la criminalización de actividades previamente consideradas legítimas, afectando directamente a quienes dependen del trabajo humanitario y social.
Hoy por hoy, las ONG han sido fundamentales en el desarrollo social y comunitario en Venezuela. La implementación de esta ley representa un retroceso significativo en el avance hacia una sociedad civil independiente. Una vez que la ley de fiscalización sea publicada en Gaceta Oficial, PROVEA en conjunto con otras ONG establecidas en Venezuela realizarán un análisis detallado de la legislación y emitirán un pronunciamiento oficial al respecto.
Sin embargo, desde ya hacen un llamado a la comunidad internacional para que esté atenta a los desarrollo@s relacionados con esta ley y apoyen a las organizaciones que trabajan por los derechos humanos y el bienestar social en Venezuela.
FUENTE: Entrevista al Coordinador General de Provea Oscar Murillo. Nueva Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines
