La protesta de transportistas de carga había comenzado a afectar el abastecimiento de alimentos en varias ciudades, a los usuarios del transporte público terrestre y a niños que no podían asistir de modo presencial a sus escuelas.
El aumento del galón (3,78 litros) de diésel, conocido también como gasoil o gasóleo, en 1,908 pesos fue descartado y en el acuerdo final se estableció una subida de 800 pesos en dos tandas: (unos 20 centavos de dólar) 400 pesos en septiembre y 400 pesos en diciembre. De esa manera el precio pasó de 9,456 a 9,856 pesos hasta el 7 de septiembre.
Promedio del costo del diésel en Colombia tras acuerdos alcanzados
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Una decisión que deja al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) con un déficit de 10 billones de pesos, unos $2,300 millones para finales de año, según el exministro de Minas y Energía de Colombia (2013-2014) en el primer gobierno de Juan Manuel Santos, Amylkar Acosta, consultado por DIARIO LAS AMÉRICAS.
Con la medida se buscaba generar ahorro para ir mitigando el hueco fiscal de ese fondo, un mecanismo que ha permitido que los consumidores no enfrenten el verdadero costo del combustible.
Colombia está entre los países con la gasolina más barata del mundo, pese a que se han hecho ajustes graduales desde octubre de 2022. Sin embargo, Acosta refirió que el Gobierno decidió mantener congelado el precio del diésel. Se calcula que si se hubiese subido con el promedio de la inflación el galón costaría hoy 13,200 pesos.
Amylkar Acosta considera necesario eliminar gradualmente el subsidio de los combustibles y sostiene que el consumo de gasolina y diésel se da por partes prácticamente iguales: 199 y 191 millones de galones mensuales, respectivamente, de los cuales de este último se importan, a precios internacionales, más de 80 millones de galones. El economista explica con este dato que no se debería manejar una estrategia diferenciada.
“Mantener congelado el precio del diésel es fiscalmente insostenible, máxime cuando el Gobierno presentó al Congreso de la República, para su trámite y aprobación, el proyecto de Presupuesto para 2025 con un déficit de 12 billones de pesos”, dijo. Unos $2,858 millones tomando como base un tipo de cambio de 4,200 pesos.
Para cubrir ese faltante, el gobierno de Petro asegura que lo puede hacer mediante la Ley de Financiamiento que fue presentada para su aprobación ante esa instancia legislativa en donde se proponen, entre otras cosas, nuevos impuestos.
Después del acuerdo de solo incrementar el precio del diésel en 800 pesos, los recursos que se obtendrían, de llegarse aprobar la propuesta fiscal, solo servirían para cubrir el déficit del FEPC, explicó el miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, para resaltar la importancia de haberse aprobado como estaba previsto el aumento del precio del diésel con una definición de una vía gradual de ajuste.
Acosta recordó que los precios internacionales han subido, pero en Colombia se han mantenido congelados o rezagados debido a los subsidios. Por lo tanto, considera necesario desmontar gradualmente estas ayudas para ajustar el valor de acuerdo con los costos reales, una posición racional para que Colombia no siga en déficit.
El déficit acumulado en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles llegó a superar los 30 billones de pesos, por lo que el Gobierno tomó la decisión de reducirlo mediante el reajuste de los precios del combustible, lo cual se logró en parte con la gasolina, aunque siguió generando déficit.
Desde otro ángulo, el economista Acosta advierte que no tiene sentido si la transición energética propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que el sector transporte en Colombia contribuya con el 12% de las mismas, se subsidie a los combustibles que los generan y de esta manera se incentive su consumo.
Muy difícil
Después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los transportadores de carga y de pasajeros, el experto ve muy difícil que el año entrante, que es electoral, se autoricen nuevas alzas en el precio del diésel.
De igual manera recalcó que el manejo de la política de precios de los combustibles ya está reglamentada y no depende de condicionamientos producto de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.
Aunque le parece saludable ir desmontando el subsidio a los combustibles, Acosta precisó, sin embargo, que esta situación presenta un dilema moral.
“Por un lado, mantener los subsidios que beneficiarían a los consumidores de combustibles, pero implicaría destinar recursos limitados que podrían ser invertidos en programas sociales. Por otro lado, ajustar los precios permitiría obtener más recursos para la inversión social, pero impactaría en el bolsillo de los ciudadanos”.
Considera el docente e investigador que la economía colombiana sigue sin levantar cabeza. Después de un anémico crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 0,6% el año pasado, este 2024 ese avance no superará el 1,5% por lo que vislumbra ciertas dificultades para poner las cuentas en orden.
La inflación galopante “que traíamos está cediendo. Entre enero y agosto de 2024 la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) total fue 4,33%. Pero se estima que terminará este año alrededor del 6%, el doble de la inflación, objetivo del Banco Emisor”, agregó el analista.
“La prioridad de la economía colombiana es la reactivación, pero el clima de los negocios, debido a la gran incertidumbre que lo enrarece y la descaecida confianza inversionista, mantienen la inversión a la baja y la economía en barrena”, enfatizó el expresidente del Congreso de la República.
¿Qué es el FEPC?
El FEPC permite que los precios reales no lleguen a los colombianos. Matiza la diferencia entre los precios internacionales y los nacionales, pagando a los productores e importadores dicha diferencia.
La Contribución Diferencial de Participación fue prevista para que cuando cayeran los precios internacionales se generara un ahorro, una forma de pagar o alimentar al propio fondo. Sin embargo, las oscilaciones de los precios no favorecieron la formación de un ahorro como se esperaba.
Además, al fondo se le dio una “estocada final” cuando la Corte Constitucional en 2015 dijo que no se podía aplicar el denominado “diferencial de participación” por lo que se eliminó su propia fuente de financiamiento, concluyó Amylkar Acosta.
FUENTE: ENTREVISTA AL EX MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA DE COLOMBIA, AMYLKAR ACOSTA / DIARIO LAS AMÉRICAS
