WASHINGTON.- Ante la persistente violación de principios de paz y justicia en Venezuela, la Organización de Estados Americanos (OEA) evaluará en sesión extraordinaria del Consejo Permanente, este miércoles 28 de agosto, los hechos violentos considerados como crímenes de lesa humanidad del régimen de Nicolás Maduro, ocurridos luego de conocerse el fraude electoral del 28 julio.
La sesión extraordinaria del Consejo Permanente fue solicitada por Paraguay junto con representaciones de EEUU, Canadá, Panamá, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Perú y Uruguay. Los embajadores de Brasil, México y varias islas del Caribe aliadas a Maduro guardaron distancia, como lo han hecho en otras sesiones que tratan el caso de la crisis en Venezuela, según reportes de prensa internacional.
La convocatoria del foro regional, conformado por más de 30 países, coincide con el nuevo llamado a las calles que hizo la oposición venezolana que lidera María Corina Machado, para este miércoles, con la finalidad de mantener la protesta ciudadana en contra de las fraudulentas elecciones que cumplen un mes. El lema en esta ocasión es ¡Acta mata sentencia!, en alusión a la ilegal sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
También el oficialismo convocó a sus seguidores a una movilización este día a favor de la supuesta “reelección” de Maduro.
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Sesión por derechos humanos en Venezuela
El objetivo principal de la sesión extraordinaria es conocer la situación de derechos humanos ante la dura represión tras la elección, que expondrá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante los Estados Miembros de la OEA en Consejo Permanente, según la convocatoria de Paraguay y los 10 países, citada por los medios.
La CIDH conjuntamente con Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, instancias adscritas a la OEA, dio a conocer el 15 de agosto un amplio y detallado informe sobre la persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones en Venezuela, luego del 28J, que la justicia internacional encuadra en crímenes de lesa humanidad.
En el informe se señalan hechos documentados entre el 28 y el 30 de julio, relacionados con abuso de la fuerza pública contra las manifestaciones y violencia que ocasionó la muerte de al menos 23 personas, sino también “un patrón de violaciones a la libertad personal”.
Entre el 28 de julio y el 13 de agosto, “se recibieron reportes de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración en las que se habrían cometido actos de violencia sexual contra mujeres y otros actos que podrían constituir tortura. Las personas detenidas son trasladadas a centros de detención de manera secreta, sin que sus familias tengan conocimiento de su paradero o estado físico”, dice el informe de la CIDH y RELE.
Violencia judicial
Detalla también el informe que las detenciones arbitrarias, en su mayoría de jóvenes de áreas urbanas con mayores índices de pobreza, se produjeron, inicialmente, de manera masiva durante las manifestaciones.
“Las personas detenidas en este contexto están siendo sometidas a procesos penales por delitos redactados de forma ambigua y amplia que, además de tener penas excesivamente altas, atentan contra el ejercicio de la libertad de expresión y buscan generar un efecto paralizador por temor a la persecución judicial”, afirman las instancias internacionales en el reporte, en referencia a cargos que imputa el Ministerio Público como “delitos de incitación al odio, terrorismo, conspiración, traición a la patria, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad, obstrucción de calles o vías y desobediencia de las leyes”.
Estos hechos ocurrieron tras la advertencia de Maduro, en días de la elección, de un «baño de sangre y una guerra civil en el país» si la oposición lograba una victoria electoral, precisa.
FUENTE: Con información de OEA, CIDH, Infobae
