GINEBRA.- La ONU instó al régimen de Venezuela a que determine la suerte y paradero de ciudadanos opositores detenidos que se reportan como casos desapariciones forzadas, y a que cumpla con el derecho internacional “para evitar daños irreparables a las víctimas”.
En un comunicado, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas expresó que ha habido un “uso creciente” de esta práctica sistemática “como un arma para silenciar” a los miembros de la oposición que fueron detenidos por fuerzas de seguridad de Maduro, en el contexto de las elecciones del 28J de 2024, así como durante y después de la toma de posesión en enero de 2025.
Aunque en el texto no precisa la cantidad de detenidos que el régimen mantiene en “desaparición forzada”, el Grupo de Trabajo dijo en enero pasado que envió al régimen de Maduro unos 27 casos de víctimas para conocer del paradero de estos, pero no obtuvo información, por lo que recordó la obligación del Estado a dar respuesta a las comunicaciones.
Detenidos sin paradero
El equipo de investigación señala en el comunicado que los familiares de las víctimas están recurriendo cada vez más a mecanismos internacionales para saber de la suerte de sus parientes detenidos por motivos políticos, “ante la existencia de instituciones nacionales parcializadas y disfuncionales” en Venezuela.
Desde la represión que desató el régimen de Maduro tras las protestas contra el fraude electoral, e incluso desde enero de 2024, los cuerpos de seguridad practican detenciones sin dar información a familiares ni a bogados sobre la aprehensión, sitio de reclusión ni estado de salud de sus víctimas.
En los últimos meses, se mantuvo en desaparición forzada por más de 50 días a Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González, y más recientemente al periodista del medio informativo La Patilla Rory Branker, el noveno desde junio de 2024, durante el ejercicio de su profesión.
Más denuncias de desapariciones forzadas
El equipo experto de la ONU asegura que han recibido cantidad de denuncias de familiares, abogados y ONG de derechos humanos para conocer el paradero de los detenidos. Y además ellos les han informado que sus reclamos y recursos de habeas corpus no son procesados, y en ocasiones, ni siquiera aceptados.
“Las autoridades estatales que detienen a las personas y se niegan a reconocer que están bajo su custodia u ocultan su suerte y paradero, las colocan fuera de la protección de la ley”, indicó el equipo.
Y dejó claro que “estos actos constituyen desapariciones forzadas independientemente de la duración de la detención o el ocultamiento”.
“El uso creciente de la desaparición forzada como un arma para silenciar a miembros de la oposición, personas percibidas como tales, activistas prodemocracia y personas defensoras de derechos humanos, busca generar un efecto disuasorio en toda la sociedad y se ve alimentado por la impunidad generalizada y la justicia selectiva”, según el comunicado.
FUENTE: Con información de Naciones Unidas, Provea
