GINEBRA.- Las violaciones de derechos humanos y los crímenes, incluido el de lesa humanidad de persecución por motivaciones políticas, son parte de un plan “continuo y coordinado” del régimen en Venezuela para silenciar, desanimar y reprimir la oposición, establece el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas.
El informe sobre los recientes hechos documentados sobre Venezuela abona evidencias de la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.
«Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, dijo la presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos. Marta Valiñas, al presentar el informe que examina los acontecimientos en la nación caribeña desde septiembre de 2023 hasta agosto de 2024, en el contexto de las elecciones fraudulentas.
Aunque es una continuación de “patrones previos que la Misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad”, la alta representante destacó el “nuevo hito en el deterioro del estado de derecho” tras los comicios.
“La represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos”, afirmó.
Sin justicia ni garantías
En el informe, la Misión de Determinación de los hechos considera que “las autoridades públicas han abandonado toda apariencia de independencia y, en la práctica, muchas garantías judiciales han perdido su efectividad”, lo que deja indefensa a la ciudadanía ante el ejercicio arbitrario del poder
Cita la detención documentada de más de 120 personas en medio de la campaña electoral de la líder María Corina Machado y el candidao Edmundo González Urrutia, presidente electo según la oposición, y luego la de más de 2.000 personas en la primera semana de protestas contra el fraude electoral. Entre ellas niños, algunos con discapacidades, que fueron acusados de terrorismo e incitación al odio, resalta el informe.
Y en todas las detenciones y procesos penales a los que fueron sometidos se “violaron sistemáticamente las garantías del debido proceso”.
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El Supremo, clave en la represión
La Misión de Determinación hace énfasis en el sistema de justicia, que encabeza el Tribunal Supremo que está claramente subordinado a los intereses del régimen y sirve como “instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social, según la Misión.
«Las víctimas y gran parte de la población están expuestas al ejercicio arbitrario del poder, donde la detención arbitraria se utiliza sistemáticamente, con graves violaciones del debido proceso», dijo Francisco Cox, experto de la Misión de Determinación de los Hechos.
“La misión ya había advertido que el Gobierno podría activar su aparato represivo a voluntad, y eso es precisamente lo que estamos observando ahora”, señala en clara referencia a las amenazas de Maduro, quen advirtió por las redes de “un baño de sangre”, y de al menos tres de personeros del régimen.
«La severidad de la represión, el esfuerzo por demostrar resultados a través de encarcelamientos y el uso de maltratos y torturas han instaurado un clima de temor generalizado entre la población, reduciendo aún más el espacio cívico, dijo otra experta de la Misión, Patricia Tappatá.
El informe también registra una “intensificación” del acoso, la criminalización y otras restricciones al trabajo de ONG y periodistas, entre otros actores clave de la sociedad civil.
FUENTE: Con información Informe Naciones Unidas
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