Un organismo federal de control criticó a la agencia estadounidense antidrogas, DEA, por no reportar oportunamente las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus pares del orden público en Latinoamérica, que admitieron haber sometido a ahogamientos simulados, sofocación y tortura a sospechosos de delitos.
El memorando de asesoramiento en materia de gestión, publicado el martes por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, se centra en las obligaciones de la DEA de conformidad con lo que se conoce como Ley Leahy, que prohíbe a Estados Unidos dar asistencia a las fuerzas de seguridad que violen los derechos humanos.
Los funcionarios de política exterior y las unidades que trabajan estrechamente con la DEA en el frente de la guerra contra las drogas deben someterse a una investigación para cumplir con la ley, que es una de las herramientas más importantes de Estados Unidos para promover el respeto a los derechos humanos entre las fuerzas de seguridad.
El Inspector General, como parte de una auditoría en curso sobre el uso de exámenes de polígrafo por parte de la DEA como un elemento del proceso de investigación, encontró cinco casos en los que la DEA no notificó al Departamento de Estado sobre las posibles violaciones que encontró el año pasado.
En uno de los casos, tres funcionarios de una nación centroamericana no identificada admitieron haber sometido a ahogamientos simulados y colocar bolsas de plástico en la cabeza de sospechosos para obtener información, indicó el organismo de control. Otro, también de Centroamérica, que había recibido aprobación para recibir entrenamiento de otro organismo federal estadounidense, reconoció haber usado un arma de electrochoques hasta que los sospechosos se desmayaban o vomitaban. Finalmente, un funcionario de una unidad dirigida por la DEA en un país sudamericano admitió haber golpeado a un sospechoso detenido mientras estaba esposado a una silla.
En los cuatro casos, la agencia antidrogas esperó hasta que el Inspector General planteara sus preocupaciones —en un caso, casi nueve meses— antes de reportar sus hallazgos al Departamento de Estado.
Hasta el momento, la DEA no ha respondido a una solicitud de comentarios.
Sin embargo, como parte de la auditoría, el organismo dijo al Inspector General que, en el momento de los incidentes, no contaba con una política, procedimientos y entrenamiento para garantizar que los posibles infractores fueran puestos en conocimiento del Departamento de Estado. Desde entonces, ya ha actualizado sus políticas para entrenar a los agentes de conformidad con los lineamientos de la Ley Leahy y garantizar que los infractores sean identificados oportunamente.
La semana pasada, el Inspector General publicó un reporte de 49 páginas donde detalla cómo, en años recientes, la DEA contrató a casi 300 agentes especiales y analistas de investigación que no aprobaron un examen de polígrafo requerido durante el proceso de incorporación, o que proporcionaron información que los descalificaba durante el examen.
Aunque, por lo general, los exámenes de polígrafo no son admisibles en procedimientos legales, se utilizan frecuentemente por los organismos federales del orden público y para autorizaciones de seguridad nacional.
Durante mucho tiempo, la DEA ha sido un obstáculo entre los organismos federales del orden público al no exigir que sus solicitantes pasen una prueba con el detector de mentiras antes de ser contratados. Sin embargo, el organismo endureció sus procedimientos en 2019, tras una serie de escándalos en otros países, que incluyeron revelaciones de que un agente, que alguna vez fue una estrella en Colombia y que conspiró con los cárteles, fue contratado a pesar de mostrar señales de engaño en el polígrafo.
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