Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos, advirtió que esta reforma, la duodécima desde que Daniel Ortega volvió a la presidencia en 2007, “parece tener como objetivo legalizar y consolidar su control sobre el poder sin restricciones”.
Asimismo, Simon puntualizó: “Al adoptar un lenguaje impreciso, esta reforma parece perseguir la formalización de la disolución de facto de la separación, la independencia, el equilibrio cooperativo y el control mutuo entre los distintos poderes del Estado”.
El periodista nicaragüense Álvaro Navarro, director del portal Artículo 66, califica la reforma constitucional “como una acción barbárica, de retrocesototal, de desmantelamiento del Estado de Derecho. Daniel Ortega, con esto, ha pretendido demostrarnos a los nicaragüenses y decírselo al mundo que esta es su finca, que las decisiones las toma él porque a él le ronca, porque ese es su voluntad y el resto simplemente tenemos que someternos”.
Considera que se trata de “una decisión canalla” de Ortega que pretende someter con saña al país a sus designios.En este sentido, Navarro asevera que con la reciente reforma se legalizan “todos los abusos que Daniel Ortega y Rosario Murillo han cometido en los últimos años”.Subraya que no se trata de una reforma parcial, pero sí de la reforma de 130 artículos y la eliminación de más de 30.Subraya que es una reforma discrecional. En este punto, el periodista refiere que también se consagra el sometimiento de la prensa en Nicaragua.
Enfatiza que la Constitución se denomina sandinista y se señala que deben rendirse honores a la bandera, al régimen: “Pretenden que el periodismo, para poder ser considerado en su condición de libre informador, y de opinar incluso, debe someterse a la condición de ser un medio de comunicación sandinista”.
Navarro destaca que el sometimiento de las instituciones del Estado se ejecuta desde antes de la reforma constitucional. “Ha habido una barrida del Estado institucional de derecho desde hace muchos años, en este momento lo que han hecho simplemente es restregarlo”.
Reforma clave
La reforma, aprobada por la Asamblea Nacional el 22 de noviembre, incluye varios aspectos esenciales dentro de los cuales destacan los siguientes:
– El período presidencial se extiende de cinco, como había sido desde 1997, a seis años.
Se oficializa la figura de la “copresidencia”. De esta manera, el poder ejecutivo de Nicaragua lo integra un copresidente (Daniel Ortega) y una copresidenta (Rosario Murillo). Además, ante el fallecimiento de uno de los copresidentes, asume y mantiene la presidencia quien sobreviva.
Para Navarro resulta “rocambolesco” la figura de tener dos presidentes en una nación tan pobre como Nicaragua. “Además, se abrogan vicepresidentes y no se sabe cuántos vicepresidentes habrá en el país. No se sabe si se va a designar un vicepresidente cada uno o si se van a poner uno para que lo sustituya cualquiera o si van a poner más de dos, dejando abierta esa posibilidad y tener una lista de vicepresidentes que no estarán sino a la espera de las órdenes que le quieran dar y no estarán sujetos a ninguna ley”, expresa.
– Se suprime la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Con la reforma de Ortega, pasan a llamarse órganos y serán coordinados por la presidencia.
Aquí se estableció la figura de coordinación, la cual señala el periodista Álvaro Navarro que “no es más que sometimiento y obediencia total a la familia presidencial, así han operado en los últimos años”.
– Todos los derechos fundamentales pueden ser suspendidos durante un estado de emergencia.
– Fue creado un “cuerpo auxiliar” conformado por ciudadanos y ciudadanas que prestan un servicio “de apoyo a la Policía Nacional” de forma voluntaria.
– La bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se añade como símbolo patrio a la bandera azul y blanca, el himno nacional y el escudo nacional.
-Se elimina todo lo relacionado al debido proceso en términos penales. También se suprimió la prohibición de tortura.
Independencia al traste
El internacionalista Luis Daniel Álvarez señala que, si las reformas en Nicaragua “no fuesen tan dramáticas, serían burlescas”. Cuestiona la eliminación de un valor sustancial como la independencia de poderes. “Se trata de la puesta en práctica de un régimen absolutista, dinástico. Si toca calificarlo, pareciera superar, cosa difícil en el imaginario nicaragüense, la dinastía de los Somoza”, expresa.
Puntualiza que este nuevo paso del régimen de Ortega-Murillo se suma a la violación masiva de derechos humanos, el despojo de la nacionalidad y de toda capacidad de defensa de quienes adversan a ese régimen, la actitud hacia la disidencia y el control de los medios, entre otros aspectos. “Nicaragua se ha convertido en la hacienda particular de la familia Ortega, donde cada uno de los miembros tiene una función establecida. Hay uno que ven como el sucesor, otro como el artífice del aparataje comunicacional, otro el tema empresarial. Es una Corea del Norte en América Latina”, resalta Álvarez.
Personalización del poder
Carlos Castañeda, experto en relaciones internacionales, asevera que el régimen actual de Nicaragua ha tenido continuidad por mucho tiempo en el poder y eso le ha permitido realizar varias reformas de tipo legal, además de poseer un anclaje militar, así como político y popular. Indica que esto posibilitó el atornillamiento de Ortega.
Agrega que, en lo relativo, a la copresidencia que se ha fijado con los cambios aprobados por el parlamento sandinista, “a lo mejor asume las mismas funciones que ya la vicepresidenta Murillo venía desarrollando de facto”. Subraya que la lectura política es que hay mayor personalización del poder y que el poder tenga nombre y apellido de una familia. “Eso dada la condición biológica de la edad de Daniel Ortega y de la esposa, Ortega se va acercando a los 80 años”, refiere Castañeda.
De allí, señala, que el objetivo también conlleva asegurar la sucesión presidencial. El investigador añade que, normalmente, en las autocracias la situación de salud de los mandatarios no es pública.
Por otra parte, Carlos Castañeda expresa que en regímenes como el de Nicaragua no se sabe cuándo comienza el desmantelamiento. Pero, hay indicios claros de la pérdida del Estado de derecho, como la falta de independencia de las instituciones del Estado y de una clara división del Poder Público Nacional en cuanto a la distribución de funciones y sobre sus potestades, especialmente del Poder Judicial.
“Las sociedades más proclives al caos y al desorden son las sociedades más injustas. En contraposición, cuando más justas son, mejor ordenadas resultan”, refiere. Explica también que, dentro de las categorías de Constitución, está la real y la formal: “Precisamente, la Constitución real es que no existe nada más allá de la centralidad del poder político en manos de Ortega y Murillo”.
@snederr
FUENTE: Diario Las Américas, La Prensa
