El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), en una fotografía de archivo. EFE/Raúl García
El Perú quedó en compás de espera de la liberación del expresidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel, tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó su libertad inmediata en restitución del indulto recibido en 2017.
Los partidarios de Fujimori esperaban con gran entusiasmo la salida del exmandatario (1990-2000) en la puerta del penal de Barbadillo, mientras que los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las que el exgobernante fue sentenciado, protestaron por el fallo del TC en los exteriores del Palacio de Justicia.
A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó lo contrario el año pasado, este martes el TC emitió un auto que “ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde permanece recluido), en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori”.
La resolución, que fue firmada por 3 de los actuales 6 miembros del TC, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, declaró “fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado, recaída en el presente proceso”.
El pasado viernes, un juzgado de la región sureña de Ica declaró improcedente una primera resolución del Constitucional que restablecía el indulto de Fujimori y devolvió el caso al TC.
El presidente del máximo tribunal, Francisco Morales, había afirmado que las autoridades debían “proceder a la excarcelación inmediata” de Fujimori, en contra de dos resoluciones emitidas por la CorteIDH.
“Se debe proceder a cumplir la anterior sentencia”, declaró Morales al aclarar un auto del TC que declaró improcedente una consulta del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que había suscitado distintas interpretaciones.
El indulto, otorgado a Fujimori el 24 de diciembre 2017, ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la CorteIDH pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.
El abogado Carlos Rivera, defensor de los deudos de las víctimas de estos casos, afirmó que Perú “se coloca en la lista de los estados” que han decidido incumplir una sentencia de un tribunal internacional, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó la liberación del exgobernante.
“Estamos sumamente sorprendidos”, declaró Rivera al Canal N de televisión al comentar la decisión del TC de ordenar la liberación de Fujimori, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) señaló lo contrario el año pasado.
Rivera remarcó que, con esta resolución, “el Estado peruano se coloca en la lista de los estados que manifiestamente han decidido incumplir una sentencia de un tribunal internacional”.
“Nos estamos colocando en una situación de rebeldía”, enfatizó antes de considerar que la resolución es “un hecho grave, que termina de expresar un gravísimo desmejoramiento de las condiciones del Estado de derecho en nuestro país”.
El abogado recordó que el Estado peruano tiene plazo hasta este miércoles para responder a una petición que le hizo la semana pasada la CorteIDH de su resolución de cumplimiento de la orden que dio de no liberar a Fujimori.
Señaló que, tras esto, la Corte “va a llamar a una audiencia de control de cumplimiento” y está “completamente seguro de que la corte volverá a ratificar su resolución” y “en los próximos días Fujimori tendrá que volver” a prisión.
La semana pasada, horas antes de la decisión del juez de Ica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante la posibilidad de que la resolución del TC llevara a la excarcelación de Fujimori.
El organismo recordó que el 7 de abril de 2022 “estableció las razones por las que el Estado debe abstenerse de otorgar un indulto ‘por razones humanitarias’ en cumplimiento de los estándares interamericanos establecidos en las resoluciones de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta”. EFE
