CARACAS.- Los poderes públicos en Venezuela multiplicaron, durante el año preelectoral 2023, acciones de represión política selectiva, con el propósito de estrechar el espacio cívico y preparar unas elecciones a la medida de las aspiraciones hegemónicas del partido de gobierno y su candidato a la reelección Nicolás Maduro, según el informe anual de la ONG Acceso a la Justicia.
El reporte profundizó el cerco al espacio cívico venezolano y recoge episodios de “la persecución institucional, uso de la justicia con fines represivos”, vulneración de derechos que se han agudizado contra dirigentes, ONG y ciudadanos opositores en el primer semestre de 2024, más cercano a las elecciones presidenciales pautadas para el 28 de julio.
Refiriere “las crecientes restricciones al espacio cívico, la anulación de los derechos políticos, los ataques contra líderes sindicales y la incapacidad del aparato de justicia para brindar las garantías del debido proceso en el combate contra la corrupción estatal”.
Elecciones a medida de Maduro
Tras un análisis exhaustivo sobre el estado de la justicia y el derecho en Venezuela, el informe de Acceso a la Justicia hace referencia a la “Represión y arbitrariedad” en el que los poderes: Legislativo, Judicial y Ciudadano, dentro de los cuales se encuentra la fiscalía y la contraloría general, “volvieron a confabularse”.
Señala que la designación, por parte de la Asamblea Nacional y a través de un procedimiento opaco, de la directiva del Consejo Nacional Electoral que preside el excontralor Elvis Amoroso, identificada como cercana al régimen, no cumple con las exigencias constitucionales para desempeñar los cargos.
Amoroso, quien fue consultor jurídico de Miraflores y constituyente la inconstitucional Asamblea de 2017, antes de dejar de ser el contralor, dictó la inhabilitación María Corina Machado, que luego fue ratificada irregularmente por el Tribunal Supremo, lo que frenó su candidatura presidencial decidida en las primarias opositoras de octubre de 2023.
Las inhabilitaciones para “coartar” el derecho al sufragio también afectaron a otros opositores y dirigentes del oficialismo, mientras que fallos del Supremo intervinieron partidos como el PCV, aliado de Hugo Chávez, pero fuerte crítico de Maduro.
Represión institucional
A esto se suma la eliminación de la primaria opositora y la persecución e investigación penal contra sus organizadores, así como el asecho a dirigentes sindicales críticos.
En este apartado, el informe también destaca la supuesta lucha contra la corrupción sin garantías del debido proceso y los retrocesos en materia de género.
En materia de administración del sistema de justicia, el informe afirma que el balance de gestión del Tribunal Supremo “ha sido más opaco que nunca antes”.
Refiere que no hubo avances en la independencia del Poder Judicial y argumenta como prueba los resultados de la evaluación del World Justice Project publicados en octubre de 2023 y en los cuales Venezuela ocupó por la peor calificación entre 142 países evaluados, por octavo año consecutivo
FUENTE: Con información del Informe 2023 de la ONG Acceso a la Justicia
