El Salvador, Guatemala y Honduras han estado al centro del debate sobre la migración irregular en Estados Unidos, no solo por ser países de tránsito, sino también por ser lugares de origen de quienes buscan llegar al norte del continente. Un informe publicado por el Consejo de las Américas (COA, en inglés), expone estrategias que podrían reducir el flujo de personas desde esa área del continente.
“Buscamos llamar la atención sobre tres áreas de atención prioritaria: la expansión del comercio, la eficiencia energética y la infraestructura”, dijo el miércoles Eric Farnsworth, vicepresidente de COA, durante la presentación del informe. “Creemos que la clave es empoderar plenamente al sector privado como un socio valioso para el desarrollo regional”, agregó.
El documento detalla que el regreso de Donald Trump a la presidencia de EEUU establece una “nueva era” en la que se prestará mayor atención a la migración irregular, la seguridad nacional y el desarrollo económico. Por lo tanto, dice, Centroamérica “enfrenta una presión cada vez mayor para abordar los desafíos internos que impulsan la migración hacia el exterior”.
En este sentido, los gobiernos locales jugarían un rol clave, aseguró a la Voz de América el alcalde de Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez. “Se estima que para el año 2050 cerca del 80 % de la población mundial habite en áreas urbanas. Eso demuestra no sólo una tendencia global, sino que también marca la importancia de las ciudades”, precisó.
Quiñónez dijo esperar que el gobierno actual de su país, dirigido por Bernardo Arévalo, tenga discusiones con la administración entrante de Trump para “tratar el fenómeno mundial” de la migración.
En 2023, el comercio total de bienes y servicios entre EEUU y Centroamérica superó los 100.000 millones de dólares, un aumento significativo con respecto a los 34.000 millones de dólares que se registraron en 2005, apunta el informe.
Y aunque “ha mejorado la calidad de las exportaciones de Centroamérica a Estados Unidos” con productos como prendas de vestir, equipos médicos, repuestos para automóviles y otros bienes, “la ausencia de entidades regionales que agilicen los procedimientos y trabajen para armonizar las regulaciones, sigue obstaculizando la inversión”.
Anabel González, vicepresidenta de países del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), insistió en que la creación de trabajos de calidad y la inversión en el sector privado, aumentaría la productividad de los habitantes de los países centroamericanos, especialmente los jóvenes.
“Aproximadamente un cuarto de los jóvenes en Centroamérica no tienen educación o ingresos… y esto expone no solo la falta de oportunidad para ellos, sino que los expone a actividades ilegales, y por supuesto, la seguridad es un reto muy importante en la región”, dijo González en el evento.
El BID estima que la región de Centroamérica pierde un promedio del 3,6 % de su Producto Interno Bruto por el impacto del crimen.
A esto, según los expertos, se suma la importancia de que los países tengan un “compromiso a largo plazo” con el estado de derecho, lo que según el abogado estadounidense Jonathan Hamilton, permite “crear unas bases estables para construir no solo desarrollo económico que beneficie a los ciudadanos, sino a la integración de mercados en el mundo”.
“La capacidad del sector privado de impactar el desarrollo es tremenda, pero el sector público necesita traer estabilidad”, concluyó Hamilton.
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