La elección de los nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala y la Corte de Apelaciones preocupa a la Organización de Estados Americanos (OEA), que envió una misión observadora desde el 5 de agosto a la espera de que inicie la evaluación de candidatos, en un proceso que empezó hace un mes y avanza lento.
En un comunicado, la misión dijo que existe una «profunda preocupación por el escaso avance en las discusiones de las comisiones postuladoras«, un hecho que «genera desconfianza en la sociedad y que causa perjuicio a la legitimidad del proceso».
La renovación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia es uno de los procesos más esperados por los guatemaltecos, pues en esas designaciones se disputan no solo el control de las más altas instancias de justicia del país centroamericano, sino el poder de tomar decisiones políticas de gran alcance.
Tal fue el caso de las elecciones presidenciales recientes, que fueron sometidas al escrutinio de la Corte Suprema de Justicia y que, al día de hoy, continúa dirimiendo.
Otra de las organizaciones vigilantes del proceso de elección de magistrados en Guatemala es el PEI-GT, un panel de expertos internacionales que supervisarán la selección de dichas cortes, pero que desde ya, expresan preocupación por el lento proceso.
«La Comisión hace un llamado para que el principio de independencia judicial prime sobre intereses particulares en servicio del pueblo guatemalteco», dijeron.
No es la primera vez que Guatemala retrasa la elección de los magistrados de las más altas instancias de la Corte Suprema. Los magistrados elegidos en noviembre de 2023 deberán entregar el cargo en octubre de este año luego de que la anterior Corte ejerció cuatro años más del tiempo que le correspondía, esto debido a la demora del Congreso guatemalteco en elegir reemplazos.
Ese antecedente es algo que teme el gobierno de Arévalo, cuya gobernabilidad sigue amenazada ante las investigaciones que mantiene el Ministerio Público en contra, no solo de su partido, sino de los procesos en las elecciones que lo hicieron ganador.
En tres ocasiones, el Ministerio Público ha allanado la sede del Tribunal Supremo Electoral con el fin de investigar si hubo irregularidades en las elecciones que hicieron que Arévalo ganara la presidencia de Guatemala en segunda vuelta, a pesar de que no figuraba entre los candidatos con mayor intención de voto para ocupar la silla presidencial.
Además, los desacuerdos entre él y la titular de la Fiscalía, Consuelo Porras, no cesan. Porras ha pedido a la Corte de Constitucionalidad un aval para investigar a Arévalo, pese a su cargo; y él, aval para destituirla al frente del ente fiscal.
«Estamos en la víspera de una importante batalla jurídica, pero sobre todo una batalla política en la que el pueblo, en el marco de la Constitución, se enfrentará a los grupos que en este momento controlan el aparato judicial», expresó Arévalo recientemente en conferencia de prensa.
En 2019, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dio a conocer, como resultado de una investigación, que, dentro de las instancias de justicia del país centroamericano existen varias redes de poder que “logran perpetuar influencia indebida en estos procesos”, y cuyas comisiones de postulación “se han convertido en otra fuente de cooptación del Estado en Guatemala”.
A ese entramado se suma el Congreso que, según dicha investigación, desde tres partidos políticos y algunos operadores legislativos de otros partidos, interfirieron «directamente» en el proceso de nombramiento de magistrados en 2014.
¿Cómo debe ser el proceso?
Son dos comisiones las que, con entrevistas previas de los candidatos, deberán enviar un listado al Congreso de Guatemala con los nombres de los que cumplan los requisitos para dirigir las cortes.
Ahora mismo, esas comisiones se encuentran abiertas, pero según la OEA, los retrasos son significativos porque a pesar de que hace un par de semanas fueron juramentados los miembros de las comisiones, «aún no se discuten cuestiones de fondo y las discusiones giran en torno a la sede de las Comisiones».
Antes de septiembre, las comisiones deberán haber enviar al Congreso el listado con los candidatos, pues son los legisladores quienes tienen la última palabra en la elección de magistrados.
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