LA HABANA.- En un contexto de creciente presión internacional y denuncias de violaciones a los derechos humanos, el Tribunal Popular Provincial de Villa Clara reabrió el controvertido caso de cuatro jóvenes condenados en 2022 por la jueza Melody González Pedraza.
Andy Gabriel González Fuentes, Eddy Daniel Rodríguez Pérez, Luis Ernesto Medina Pedraza y Adain Barreiro Pérez fueron acusados de lanzar cócteles molotov contra propiedades de oficiales de la policía y la Seguridad del Estado en Encrucijada, Villa Clara. Las sentencias, según reseña Martí Noticias, que varían entre tres y cuatro años de prisión, se basaron en pruebas cuestionables y retractaciones forzadas, en un sistema judicial carente de transparencia y garantías procesales.
El tribunal programó una audiencia de apelación para el 9 de agosto de 2024, donde se revisarán todas las pruebas presentadas en el juicio inicial. Además, se llamará a declarar a testigos clave, incluidos oficiales de la policía y la Seguridad del Estado, cuyos testimonios fueron fundamentales en las condenas originales.
La jueza González Pedraza, ahora detenida en una cárcel de inmigración en Florida, confesó haber actuado bajo presión al dictar las sentencias, lo que ha intensificado la presión internacional para la revisión del caso. Organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciaron repetidamente la falta de garantías procesales en Cuba y pidieron la liberación de los jóvenes.
Santiago Alpízar, abogado y director de la ONG Cuba Demanda, aplaudió la decisión del tribunal de admitir la apelación. Además, subrayó la importancia de revisar meticulosamente las pruebas de descargo, destacando inconsistencias significativas en las confesiones de los acusados y testimonios que sugieren que algunos de ellos no estaban en el país en el momento de los hechos.
A pesar de la reapertura del caso, los jóvenes permanecen detenidos, lo que genera preocupación entre sus defensores y familiares sobre la posibilidad de que las sentencias sean ratificadas. La comunidad internacional sigue de cerca este caso, esperando que el nuevo juicio permita una revisión justa y equitativa de las condenas.
El 9 de agosto, el Tribunal Popular Provincial de Villa Clara estará bajo la lupa, con la esperanza de que se haga justicia para estos jóvenes, cuya vida ha sido profundamente afectada por un sistema judicial cuestionado y represivo.
FUENTE: Con información de Martí Noticias
