MANAGUA.- El régimen de Daniel Ortega intensificó su política de represión al aprobar una reforma al Código Penal que permite enjuiciar y confiscar los bienes de personas y organismos, tanto nicaragüenses como extranjeros, que de acuerdo con el criterio de la dictadura, cometan delitos contra el Estado, incluso si se encuentran fuera del territorio nacional.
La nueva reforma, que fue aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, ha generado preocupación entre opositores y defensores de derechos humanos, ya que establece penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan sanciones o bloqueos económicos, comerciales y financieros contra el régimen de Ortega, acciones que se considerarán como «menoscabo de la integridad nacional».
Además, también permite la confiscación de bienes y activos, tanto de personas naturales como jurídicas, y la disolución total de empresas que incurran en lo que el régimen sandinista considere son «delitos».
Entre los delitos incluidos en la reforma se encuentran los actos de terrorismo, lavado de dinero, tráfico de drogas y armas, así como delitos contra la administración pública y la integridad territorial. La ley también sanciona con uno a tres años de cárcel a quienes entorpezcan servicios públicos, y con tres a seis años a quienes alteren el orden público, incluyendo la realización de protestas y manifestaciones, que han estado prohibidas en Nicaragua desde 2018.
Impacto en opositores y exiliados
La nueva normativa afecta particularmente a los más de 300 opositores nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad en 2023 y que actualmente residen en el extranjero, muchos de los cuales han adoptado otras nacionalidades, como la española, quienes ahora podrían ser juzgados y ver sus bienes confiscados bajo esta nueva legislación.
El abogado nicaragüense exiliado Uriel Pineda advirtió que esta reforma busca «legalizar las arbitrariedades» que el régimen de Ortega ya venía cometiendo, como la confiscación de propiedades, y reforzar su estructura represiva con un marco jurídico.
Según Pineda, el objetivo es «intimidar y disuadir de cualquier acción contra el régimen dentro o fuera de Nicaragua» y evitar un estallido social similar al de 2018, además de «silenciar al activismo en exilio», que sigue siendo una de las principales voces en demanda de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos.
Condena internacional
La aprobación de esta reforma coincide con la reciente solicitud de un grupo de abogados argentinos para que se emita una orden de captura internacional contra el dictador sandinista, su esposa Rosario Murillo, y otros funcionarios por crímenes de lesa humanidad. Este movimiento se enmarca en un contexto de creciente presión internacional contra el régimen nicaragüense, que ha sido señalado por organismos como la ONU por su grave deterioro de los derechos humanos.
Desde las protestas de 2018, que fueron brutalmente reprimidas por policías y paramilitares, Nicaragua ha vivido una crisis sociopolítica profunda, con un saldo de al menos 355 muertos, 2.000 heridos, más de 1.600 detenidos y alrededor de 100.000 exiliados. La reciente reforma al Código Penal no solo amplía la represión dentro del país, sino que ahora también extiende su alcance a nivel internacional, en un intento por acallar a los críticos y opositores del régimen de Ortega.
FUENTE: Con información de AFP y AP
