El 12 de septiembre se definirá el escenario político electoral de la nación andina, cuando se celebre la audiencia a la que fueron citados Abad y Noboa, luego de que el pasado 24 de agosto el juez electoral Fernando Muñoz admitiera la denuncia de la vicepresidenta en contra del mandatario y otros miembros de su gobierno, por presunta violencia política de género.
Para el analista ecuatoriano Francisco Endara, miembro del Interamerican Institute for Democracy, con sede en Miami, la tensión entre ambos gobernantes, que data desde la campaña electoral del 2023, cuando pasaron al balotaje en contra de la candidata del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, obedece a una “rencilla personal”, cuyo origen desconocen los ciudadanos.
“Hay un problema aparentemente personal que no han dilucidado al país cuál es y por ese problema personal se correría el riesgo de que, si Noboa no se puede postular para una siguiente candidatura, se le dejaría el camino libre al correísmo, que están desesperados por regresar a ver cómo toman el Ecuador”, explica Endara, radicado en Miami como refugiado político, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.
De avanzar el caso por violencia política de género, un delito tipificado en el Código de la Democracia ecuatoriana como una infracción electoral “muy grave”, Noboa podría enfrentar sanciones que van desde multas de hasta 70 salarios mínimos, destitución del cargo y la suspensión de sus derechos políticos de dos a cuatro años.
El presidente ha calificado la acción de Abad como un intento de golpe de Estado, que buscaría sacarlo de la contienda electoral para impedir su reelección. Ante los rumores que surgen respecto al caso, el analista considera que la única forma que tendrían los mandatarios de disipar las “sospechas” existentes es “transparentando” la causa del conflicto para que el país “pueda entender qué es lo que está pasando”.
Un caso sin asidero legal
La vicepresidenta acusa a Noboa de haber “mermado su participación como mujer en las decisiones políticas del Estado”, tras haberla enviado a Israel como Embajadora de la Paz en noviembre pasado, apenas asumió el poder. La demanda, además, afecta a la viceministra de gobierno, Gabriela Sommerfeld; el viceministro de gobierno, Esteban Torres; y la asesora presidencial, Diana Jácome.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que admitió la denuncia, negó el pedido de «auxilio judicial» solicitado por Abad, debido a la falta de una «fundamentación que demuestre la imposibilidad de acceso a la prueba pericial o documental» y convocó la “audiencia única de pruebas y alegatos» para el 12 de septiembre.
A juicio de Endara, la vicepresidenta “está muy mal asesorada», pues aunque es “evidente” que Noboa ha intentado alejarla del centro del poder, la Constitución ecuatoriana es clara en su artículo 149, que establece que el vicepresidente “cuando no reemplace al presidente de la República, ejercerá las funciones que ésta o éste le asigne”.
“La vicepresidenta está muy mal asesorada porque al hecho de interponer un tema de violencia de género hay que comprobarlo. No es porque ahora es moda poner las denuncias de violencia de género, cuando es un problema personal que tienen entre ellos dos”, señala.
Considera que la denuncia de Abad no tiene asidero legal para sustentarse, en vista de que para comprobar que existe realmente violencia de género tienen que existir pruebas de que el presidente haya hecho alusión a su condición de mujer para alejarla del centro del gobierno.
“No veo dónde hay esa alusión al género (…) El hecho de haberle mandado a Israel sí indica que hay una necesidad del gobierno de Noboa de alejarla del centro de poder, pero eso no implica desde ningún punto de vista una violencia de género”, apunta.
Dejar el camino libre al correísmo
Pese a que estima que las probabilidades de que la denuncia prospere son “muy mínimas”, el analista no descarta que los jueces, por “incompetentes”, influencias políticas, especialmente del correísmo, o corrupción, den una “sorpresa” tras la audiencia.
“Legalmente, no creo que esa denuncia prospere. Creo que hay mucha mala asesoría de la vicepresidenta, pero uno no sabe lo que puede pasar en el Ecuador dado el nivel de corrupción. Legalmente no correspondería, pero habría que ver, porque hay pruebas de la injerencia del narcotráfico con el poder político, con jueces y fiscales en la época del socialismo del siglo XXI o el correísmo, entonces siempre hay la posibilidad”, menciona.
En caso de que la denuncia logrará avanzar, indica que sería anularle la candidatura al presidente de 36 años, quien fue designado el 9 de agosto por su partido Acción Democrática Nacional (ADN) para buscar la reelección, ahora con la empresaria María José Pinto, actual secretaria del programa Crece Sin Desnutrición Infantil, como su binomio.
Esto, considera, pondría al país en una “situación muy grave”, puesto que sacar a Noboa de la carrera presidencial sería “dejarle el camino libre al correísmo, que está desesperado por regresar” para retomar el poder.
Al ser el correísmo, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007 – 2017), un partido del denominado “socialismo del siglo XXI”, integrado por las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, Endara juzga que “la vicepresidenta lo que haría es regalarle el Ecuador al socialismo del siglo XXI”, dado que ella no cuenta con la popularidad ni el capital político para llegar al Palacio de Carondelet.
El analista indica que, debido a las tensiones entre ambos gobernantes, también se correría el riesgo de que el vacío de poder que se genere cuando Noboa asuma la campaña electoral de cara a las elecciones 2025, sea aprovechado para alguien afín al correísmo asuma la presidencia.
“El correísmo, en su astucia, está esperando que haya un vacío de poder del presidente por la campaña y de la vicepresidenta por alguna razón, para que de esa manera entre el presidente del Congreso como presidente del país de forma temporal durante el período electoral y lo que están apuntando es poner el presidente del Congreso una persona afín al correísmo”, subraya.
