Un reporte difundido el martes señaló a la Fiscalía General guatemalteca de haber incurrido en graves faltas y abusos de poder y destacó que no existe en el país centroamericano un mecanismo para que los integrantes de ese órgano judicial rindan cuentas sobre sus acciones.
El informe elaborado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford y el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional —que recopiló y analizó documentos oficiales de organismos multilaterales y de fuentes oficiales— concluyó que el Ministerio Público de Guatemala ha “atacado de forma sistemática el Estado de Derecho”.
Agregó que “ha obstaculizado investigaciones sobre corrupción, ha utilizado el derecho penal como herramienta para perseguir a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos y ha intentado desestabilizar la democracia del país”.
A su vez destacó que en la ley guatemalteca no existe un mecanismo independiente e imparcial que permita que la Fiscal General, Consuelo Porras, rinda cuentas como lo exige el derecho internacional.
Porras ha sido sancionada por más de 40 Estados que le han prohibido el ingreso por obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia guatemalteca. Las sanciones se han extendido a por lo menos cinco de sus fiscales y colaboradores.
The Associated Press consultó a la dirección de comunicación del Ministerio Público sobre el reporte y no obtuvo respuesta.
El reporte recordó que “la gravedad de la situación” llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a recomendar una revisión independiente del funcionamiento del Ministerio Público y de su impacto en los derechos humanos por su “falta de objetividad”.
El informe incluyó recomendaciones como establecer procedimientos disciplinarios claros y transparentes que aseguren que los fiscales rindan cuentas por posibles faltas en el ejercicio de sus funciones, así como garantizar la independencia de las investigaciones de casos que involucren a Porras.
Debe haber reformas a «las leyes y reglamentos en Guatemala para evitar que la estructura jerárquica del Ministerio Público sea un obstáculo para que los altos funcionarios de esa oficina rindan cuentas».
La víspera la CIDH anunció la inclusión de Guatemala en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos y señaló que la Fiscalía General hace “injerencias indebidas en el proceso electoral y ejercicio abusivo del poder con fines político-electorales”, lo que fue rechazado por el Ministerio Público.
La CIDH documentó que el deterioro del Poder Judicial en Guatemala se agudizó en 2023, año de elecciones generales. Recordó que la Fiscalía intervino en el proceso electoral de Guatemala en el que Bernardo Arévalo ganó la presidencia, a pesar de que las leyes y la constitución facultaban sólo al Tribunal Supremo Electoral para tales acciones.
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