CARACAS.- La abogada Rocío San Miguel, presa política del régimen de Nicolás Maduro, lleva cuatro meses en los calabozos del Servicio de Inteligencia, Sebin, en el Helicoide, sin derechos civiles garantizados y sin posibilidad cierta de recibir protección judicial por parte de organismos interamericanos. O al menos, las oportunidades se reducen.
El 7 de junio pasado, el representante de Venezuela ante la ONU fue elegido vicepresidente de la Asamblea General, en representación de América Latina y el Caribe, “por aclamación y sin votación”, lo cual estrecharía la oportunidad de amparo judicial, según opinan abogados que consideran el hecho “una inmoralidad”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, instancia que pertenece a Naciones Unidas y protege los derechos humanos en el mundo, fue cerrada el 15 de febrero pasado por el régimen de Nicolás Maduro, por cuestionar el encarcelamiento de San Miguel. En abril, el gobernante, en reunión con el fiscal de la CPI, Karim Khan, dijo “estar preparado” para reabrirla.
La abogada y defensora de derechos humanos fue detenida arbitrariamente el viernes 9 de febrero, y permaneció incomunicada y su paradero desconocido por varios días. Fue vinculada junto a su expareja Alejandro González, a una supuesta conspiración. El hecho desencadenó duras críticas hasta por redes, pero lo que habría irritado al régimen es que la detención de San Miguel fue catalogada de “desaparición forzada”.
San Miguel, 4 meses sin derechos civiles
Desde entonces, San Miguel, imputada por terrorismo entre otros delitos, permanece privada del derecho al debido proceso consagrado en el constitucional artículo 49.
No se le ha respetado el derecho a designar a sus abogados y está representada por defensores públicos que no han cumplido con su función, han dicho los abogados.
Además, se ha violado los derechos a conocer el expediente, a contar con los medios y el tiempo necesario para defenderse, a recurrir o apelar de las decisiones adversas, a proponer y ofrecer medios de pruebas para desvirtuar los cargos, señala el abogado y profesor Joel García, tras repasar los pasos previstos en el código del proceso penal.
Se desconoce la fecha en la que el juez celebrará la audiencia en la que decidirá si San Miguel y González van a juicio, a pesar de que el Código establece el lapso, porque no hay acceso al expediente.
“A todos los activistas políticos del partido de María Corina Machado y a Alejandro González, detenido junto a San Miguel, les sucede lo mismo”, dijo.
Por su parte, la ONG Defiende Venezuela señaló en un comunicado que a San Miguel se le ha privado cinco derechos, en estos cuatro meses. Estos son: derecho a la libertad y seguridad personal, a un juicio justo, a la libertad de expresión y opinión, a no ser sometida a torturas o tratos crueles, además del derecho a la protección judicial.
“No hay transparencia y garantías procesales básicas” en el proceso de San Miguel, resaltó el documento. “La situación se agrava por la denuncia de sus abogados sobre la falta de respuesta a las apelaciones y recursos presentados, lo que refleja la corrupción y politización del sistema judicial venezolano”.
Sin protección judicial
A San Miguel también se le ha violado el derecho a la protección judicial efectiva, según la ONG. “Este derecho garantiza a toda persona la posibilidad de recurrir ante los tribunales nacionales competentes para obtener protección contra actos que violen sus derechos fundamentales”.
Sin embargo, ante la incapacidad de la justicia venezolana de dar justo trato, San Miguel ve reducida la posibilidad de recibir amparo internacional.
“No hay forma coercitiva de hacer cumplir al Estado”, dijo el profesor García al repasar la situación de San Miguel como de otros presos políticos en Venezuela. “Se supone que cuando un Estado es miembro de la ONU, es para acatar los dictámenes de los órganos que la conforman, pero Venezuela no respeta Tratados ni Acuerdos Internacionales”, afirmó.
Hasta la fecha, organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han exigido la liberación de San Miguel, mientras el Parlamento Europeo condenó en una resolución la detención y pidió sanciones contra funcionarios responsables de violación de derechos humanos.
“La comunidad internacional, en conjunto con la sociedad civil venezolana, debe continuar exigiendo el respeto a los derechos humanos y la liberación de todos los detenidos arbitrariamente, asegurando justicia y dignidad para todos los venezolanos”, destacó la ONG.
FUENTE: Entrevista al abogado Joel García, con información de La Patilla, ONG Defiende Venezuela
