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La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de formularle cargos al presidente Gustavo Petro y a directivos de su campaña, por presuntas irregularidades en la financiación, no solo generó una fuerte controversia política y jurídica, sino que desató una confrontación que amenaza con incendiar el país. Ese es un escenario peligroso y puede llevar a Colombia a un punto de muy difícil retorno. Petro debe tener todas las garantías en el proceso. Tiene derecho a defenderse, a refutar los señalamientos en su contra y a acudir a los mecanismos que le otorga la ley. Pero no es intocable y, al igual que cualquier colombiano, debe someterse a las normas. El CNE tiene un mandato constitucional que le permite investigar las campañas. Bajo este escenario, todo hay que ponerlo en sus justas proporciones. Incluso un escenario de prescripción está a la vista.
Por Semana
Los más suspicaces y radicales ya ventilan una teoría de la conspiración que apunta a que todo se trataría de un plan que buscaría la nulidad de todo lo actuado. La Comisión de Acusación también tiene una indagación en las manos por los mismos hechos.
Si bien es cierto que el anuncio de elevar cargos contra el presidente dividió las opiniones entre los juristas en torno a si el CNE se extralimitó, hay una realidad y es que, hasta ahora, solo se abrió una investigación. Quedan por delante el desarrollo de la misma, sus etapas procesales y un fallo que, bajo ninguna circunstancia, podría despojar de su investidura presidencial a Petro.
Mientras este debate jurídico se dirime, el presidente y algunos sectores políticos decidieron agudizar una batalla política. Petro retomó la idea de que se gesta un “golpe de Estado” en su contra. Llamó a las organizaciones sociales a declararse en “asamblea permanente” y a movilizarse en su defensa y en la de la democracia, y hasta dio órdenes a la fuerza pública de no disparar. “Se ha roto el fuero del presidente”, dijo.
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La fuente
