La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum descartó el viernes la posibilidad de una reforma fiscal para el próximo año y afirmó que su gobierno se concentrará en el fortalecimiento de la recaudación tributaria para financiar el presupuesto federal.
A pesar de que las proyecciones del propio gobierno apuntan a que para 2025 habrá un déficit presupuestario de 3,2 % del Producto Interno Bruto (PIB), Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que “hay muchas oportunidades de recaudación sin necesidad de una reforma fiscal profunda”.
La mandataria indicó que su administración se concentrará el próximo año en “fortalecer la recaudación de aduanas” y “disminuir los trámites” en el Sistema de Administración Tributaria para elevar la recaudación.
En ese sentido, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, admitió el viernes, durante una sesión en la Cámara de Diputados donde presentó el proyecto de presupuesto de 2025, que la recaudación tributaria será la “principal fuente” de financiamiento del plan de ingresos del próximo año, que se estimó en 8 billones de pesos (unos 400.000 millones de dólares).
Ramírez de la O aseguró que el gobierno logrará ingresos tributarios históricos, que representarán 14,6 % del PIB, “sin crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes en términos reales”.
México concluirá este año con un elevado déficit fiscal, que rondará el 5 % del PIB, y altos niveles de endeudamiento —especialmente de su empresa estatal petrolera— lo que ha generado preocupación entre analistas y agencias calificadoras como Moody’s que el jueves cambió su perspectiva de calificación de México a negativa desde estable pero mantuvo la calificación de la deuda soberana a largo plazo en Baa2.
Los especialistas han reconocido que el déficit fiscal con el que se cerrará este año representa un gran desafío para el gobierno y que serán insuficientes las medidas que se aplicarán en 2025 para equilibrar las cuentas fiscales, lo que podría forzar a Sheinbaum a recurrir a reformas fiscales.
Una de las mayores preocupaciones de los analistas se centra en las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex) que arrastra una deuda de 99.000 millones de dólares y que entre el próximo año y 2027 deberá realizar amortizaciones por casi 25.000 millones de dólares.
Antes de la presentación del presupuesto federal de 2025, Sheinbaum adelantó que “vienen cambios importantes en la manera de distribución del presupuesto”, un “esfuerzo mayor” de austeridad y que habrá una reducción del déficit, pero no ofreció detalles.
La mandataria dijo que las medidas de austeridad no implicarán una afectación en la operación del país, los programas sociales ni las inversiones públicas, pero insistió en que habrán “algunos ajustes”. “La economía de México está sólida, está fuerte y vamos a salir adelante el próximo año”, sostuvo.
El gobierno estimó en el proyecto de presupuesto un crecimiento económico para el próximo año entre 2 % y 3 % del PIB, una tasa de inflación de 3,5 %, un déficit fiscal de 3,2 % y una deuda pública de 51,4 % del PIB.
La directora de análisis económico del grupo financiero local Banco Base, Gabriela Siller, consideró los pronósticos del gobierno “demasiado optimistas” y dijo que es “poco probable” que se alcance el déficit y la deuda proyectada, lo que aumenta la probabilidad de que las calificadoras de riesgo recorten la calificación crediticia de la deuda soberana de México.
En respuesta al informe de Moody’s que observó un debilitamiento del marco institucional de México, Sheinbaum manifestó dudas y expresó que “tendrían que dar más argumentos o pruebas para ello”. “Muchas veces estas calificadoras están orientadas a evaluar a partir de un modelo económico”, agregó.
La empresa calificadora reconoció en su evaluación que los cambios en el Poder Judicial impulsados por el gobierno —que plantean una amplia reestructuración de los tribunales y la elección por voto popular de los jueces y miembros de la Suprema Corte— “amenazan con erosionar los controles y equilibrios del sistema judicial”, lo que generaría un impacto negativo en la fortaleza económica y fiscal del país.
“Si bien nuestra evaluación de la calidad de las instituciones en México ya es baja… en lo que respecta al Estado de derecho y el control de la corrupción, evaluaremos si un mayor deterioro del marco de formulación de políticas y de la independencia del sistema judicial podría limitar la capacidad del gobierno para hacer frente a los crecientes desafíos crediticios”, planteó la firma.
El debilitamiento institucional reconocido por Moody’s representa un riesgo adicional para la economía mexicana en el contexto de la posible revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) que se dará en 2026.
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