CARACAS.– La solicitud de la suspensión de las elecciones presidenciales y de cualquier otro proceso electoral en Venezuela, hecha ante el Supremo, violaría derechos consagrados en la Constitución y las leyes, afirman abogados, y puede interpretarse como una señal más del uso del Poder Judicial para boicotear los próximos comicios.
Este 19 de junio, a 38 días de las presidenciales fijadas el 28 de julio, Jaime González, diputado de la Asamblea Nacional que preside el chavista Jorge Rodríguez, presentó ante el Tribunal Supremo la petición de un recurso de amparo constitucional por una supuesta violación de garantías y la “suspensión temporal” de las elecciones “hasta que cesen todas las medidas coercitivas unilaterales de EEUU”.
Precisa las órdenes ejecutivas y embargos, es decir, las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense.
La petición de González, miembro de la fracción parlamentaria del partido Copei, intervenido por el Supremo cercano al régimen en 2015 y supuestamente “desjudicializado” 10 años después, ocurrió el mismo día en que el CNE citó a los candidatos presidenciales a firmar el cuestionado “Acuerdo de Reconocimiento de Resultados” que el candidato de la oposición unitaria, Edmundo González, se ha negado a suscribir.
Suspensión de elecciones, prolongar mandato
El politólogo Luis Salamanca, profesor universitario, advirtió que la solicitud de suspender las elecciones es, desde el punto de vista jurídico, “una violación al derecho humano intangible e intocable” que está previsto en la Constitución y en el Pacto de San José.
La norma constitucional (art.337) establece que el presidente podrá decretar estados de excepción que restringen temporalmente las garantías, “salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibicion de incomunicacion o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la informacion y los demas derechos humanos intangibles”, como sería el derecho a tener elecciones.
Estos derechos implican además el respeto al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, conocido como el Pacto de San José, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos suscrita por Venezuela que no ha sido denunciado por el régimen de Maduro, es decir, que rige aún para el Estado venezolano.
“Ni siquiera en estados de excepción, que es la más comprometida para el estado de derecho, puede restringirse y mucho menos suspender el derecho humano intangible de 21 millones de venezolanos a elegir a su presidente”.
Además, la Ley de Estados de Excepción contempla que no se puede restringir de acuerdo con la Constitución y los tratados, los derechos a la vida, incluyendo libertad de pensamiento, consciencia y religión, la participación y el sufragio.
Pero, a la luz del análisis político, puede generar una situación en la cual el mandato del presidente se extendería inconstitucionalmente más allá de los seis años, señaló Salamanca.
“Lo que se está pidiendo es que se suspendan las elecciones hasta tanto se suspendan todas las sanciones, es decir, que aquellas queden sin fecha fija”.
Ilegal y perturbadora solicitud
El profesor de derecho y exparlamentario de Copei, Nelson Chitty La Roche, aseguró que la petición de González carece de toda fundamentación legal, luego de asegurar que no conoce al accionante, un parlamentario suplente poco conocido en el ámbito parlamentario, según se conoció.
“No hay manera de que se pueda exigir que se suspenda un proceso electoral porque haya sanciones, dado que estas han estado vigentes desde hace años y hemos tenido elecciones nacionales, regionales y municipales; en consecuencia no parece haber ningún sustento legal para eso”, expresó al tiempo que condenó “la iniciativa de un francotirador que ha decidido perturbar el ambiente del proceso electoral en el que se ve claro que Edmundo González goza de la popularidad de la mayoría de venezolanos”.
“En 2018 había sanciones y Maduro fue electo sin que aquellas impidieran la realización de comicios. Le tienen miedo a las elecciones y hay algunos que se atreven al tamaño exabrupto”.
Recordó que hace más de 10 años está no solo criminalizada a ciudadanía, sino también judicializada la política”, agregó.
La solicitud ante el Supremo, en medio de recientes detenciones arbitrarias y apertura de procesos penales, no es novedosa.
El 18 de marzo pasado, Luis Ratti, político afín al chavismo, pidió la nulidad de la tarjeta de la MUD que postuló la candidatura de Edmundo González, ante la Sala Constitucional del Tribunal que aún no se pronuncia, pero de la cual ha habido llamados de alerta.
También en 2023, el Supremo suspendió el proceso electoral de la Primaria de la oposición, luego de abrirse una investigación contra los organizadores. El fallo se dictó el 30 de octubre de 2023, nueve días después de haberse celebrado el proceso en la que la líder María Corina Machado fue electa por mayoría de votos.
FUENTE: Entrevistas a Luis Salamanca y Nelson Chitty la Roche, con información de redes
