QUITO.- El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador admitió una denuncia por violencia política de género interpuesta por la vicepresidenta Verónica Abad contra el presidente Daniel Noboa y varios miembros de su administración, presuntamente por ejercer presión y actos de intimidación contra la funcionaria, buscando deslegitimarla y forzar su renuncia.
La denuncia se basa en una serie de acciones que Abad califica como «violencia política de género», un delito que la legislación ecuatoriana tipifica como infracción electoral «muy grave». Según la normativa vigente, quienes sean hallados culpables de esta infracción pueden enfrentar sanciones que incluyen multas, destitución de sus cargos y la suspensión de sus derechos de participación política por hasta cuatro años.
El TCE convocó una audiencia única para el 12 de septiembre, en la que se presentarán pruebas y se escucharán los alegatos de ambas partes. Este proceso será clave para determinar la viabilidad de las acusaciones y las posibles sanciones a los implicados.
Una relación marcada por tensiones
La relación entre Noboa y Abad ha estado marcada por tensiones desde los primeros días de la administración. Poco después de asumir sus cargos en noviembre de 2023, Noboa designó a Abad como embajadora en Israel, una posición que fue vista por algunos analistas como un intento de alejarla del núcleo del poder ejecutivo. Recientemente, en medio de crecientes preocupaciones de seguridad en Oriente Medio, Abad fue trasladada a Turquía, una medida que ella ha interpretado como un nuevo intento de aislarla.
Abad sostiene que estas decisiones, junto con otras acciones tomadas por el gobierno, son parte de una estrategia para presionarla a renunciar. Por su parte, Noboa ha calificado a su vicepresidenta como «desleal» y ha insinuado que sus denuncias buscan debilitar su posición y sacarlo de la contienda electoral de 2025, en la que ha confirmado su intención de postularse para un nuevo mandato.
Reacciones en el ámbito político
La denuncia de Abad ha provocado una rápida respuesta del gobierno y de la clase política. Los ministros y otros funcionarios han cerrado filas en defensa del presidente, acusando a Abad de orquestar un «intento de golpe de Estado». En un comunicado emitido por el Ministerio de Gobierno, se tildó la denuncia de «infundada» y se aseguró que Noboa seguirá adelante con sus funciones sin interrupciones.
Por otro lado, el abogado constitucionalista Ismael Quintana, en una reciente entrevista, explicó que la posible destitución de Noboa es improbable, ya que la Constitución de Ecuador establece causas específicas para la cesación de funciones del presidente, como la renuncia voluntaria, la finalización del periodo presidencial o un juicio político aprobado por la Asamblea Nacional. Según Quintana, el delito de violencia política de género, aunque grave, no otorga al Tribunal Contencioso Electoral la facultad de destituir al mandatario.
Con la audiencia programada para el próximo mes, todos los ojos estarán puestos en el desarrollo de este proceso judicial, que podría tener implicaciones significativas para el futuro político de Ecuador.
FUENTE: Con información de AP
