Esta iniciativa generó un intenso debate nacional e internacional, pues plantea cambios significativos en la elección de los órganos judiciales, así como en la forma en que se imparte justicia.
Un proceso legislativo controvertido
La reforma fue aprobada por el Senado tras haber avanzado sin contratiempos en la Cámara de Diputados, donde la mayoría calificada del partido Morena del oficialismo y sus aliados respaldaron la propuesta.
Sin embargo, el camino hacia su aprobación no estuvo exento de resistencia. En el Senado, el oficialismo necesitaba un solo voto para alcanzar la mayoría necesaria, lo que generó tensiones y debates acalorados entre los diferentes grupos políticos.
Elecciones populares para jueces y ministros
Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es la propuesta de elegir por voto popular a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como a jueces y magistrados nacionales y estatales.
En total, 1.688 cargos estarían sujetos a votación, con elecciones escalonadas programadas para 2025 y 2027. Este cambio busca acercar el sistema judicial a la ciudadanía. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la politización del Poder Judicial y su independencia.
El pasado domingo 15 de septiembre López Obrador, con la presidenta electa Claudia Sheinbaum como testigo, promulgó la reforma judicial, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el polémico texto legal para elegir a los juzgadores por voto popular.
Concentración peligrosa del poder
En entrevista exclusiva con el DIARIO LAS AMÉRICAS, René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, expresó su preocupación por cómo esta reforma podría afectar la independencia del Poder Judicial.
Según Bolio, «el Poder Judicial mexicano era electo con la participación de los tres poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ahora, se someterá al voto popular». Esto genera dudas sobre quién dominará las elecciones y qué intereses podrían influir en las decisiones judiciales.
Bolio también cuestionó si esta reforma realmente mejorará la calidad de la justicia en México. «Los jueces buenos se irán, los malos también y llegarán otros», advirtió. «No hay filtros, ni competencia, ni exámenes necesarios para ser jueces». Afirmó que «la calidad de la justicia no tiene nada que ver con esta reforma», sugiriendo que no hay elementos que indiquen una mejora real en este aspecto.
¿No combate la corrupción?
Con relación a los mecanismos para combatir la corrupción, Bolio explicó que estos no están claramente definidos en la reforma. Aunque se crea un nuevo comité disciplinario para sancionar a jueces que actúen incorrectamente, él considera que esto podría convertirse en un medio para controlar las decisiones judiciales.
«Quien no esté de acuerdo con las decisiones conforme al Poder Ejecutivo o a otros intereses podrá ser sancionado», advirtió. Además, enfatizó que «la corrupción no tiene un mecanismo ni de denuncia ni de evaluación, ni de condena como tal, de manera que el tema de la corrupción ni siquiera se menciona en esta reforma judicial”, apuntó el especialista.
Respecto al acceso a la justicia para los ciudadanos, Bolio afirmó que «no cambia nada» y que seguirá siendo tan lejana e impersonal como hasta ahora. Criticó que la introducción de personas, probablemente inexpertas, para juzgar casos complejos: «Lo único que hará será alentar todos los procedimientos judiciales».
Sobre las reacciones ante esta reforma por parte de organizaciones de derechos humanos y otros grupos sociales, Bolio destacó: “La respuesta ha sido muy fuerte porque no se toma en consideración nada, es un capricho presidencial”, sentenció y, al mismo tiempo, resaltó que esta situación ha generado empatía hacia el Poder Judicial entre sectores previamente ajenos a su funcionamiento.
“López Obrador ya tiene control total sobre el Ejecutivo y Legislativo, ahora va por el Judicial”, advirtió Bolio sobre lo que considera una concentración peligrosa del poder y aseguró que este proceso llevará a un Poder Judicial alineado con sus intereses políticos.
Reacciones nacionales e internacionales
El respaldo inesperado por parte de Claudia Sheinbaum, presidenta electa que asumirá el cargo el próximo 1 de octubre, ha añadido otra capa al debate. Mientras tanto, críticas internacionales surgen desde diversas instancias; el embajador estadounidense Ken Salazar advirtió sobre riesgos potenciales para la democracia mexicana. Agencias calificadoras como Fitch expresaron preocupación por las implicaciones económicas que podría tener esta reforma.
Bolio señaló que “la implicación política más importante es la toma del poder total” por parte del Ejecutivo. Afirmó que López Obrador ya controla el Poder Legislativo y ahora busca consolidar su influencia sobre el Poder Judicial mediante mecanismos poco claros para elegir jueces y magistrados.
En cuanto a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, sostiene que no tiene opción, tendrá que admitir esta reforma esté o no de acuerdo con ella. No obstante, alegó “creemos que está de acuerdo”.
Finalmente, percibe que Sheinbaum no enfrentará ninguna decisión estratégica respecto a la reforma, ya que representa una continuidad total de la administración de López Obrador.
Añadió que el presidente AMLO se encargó de consolidar el control del Poder Legislativo a su favor y que la mitad del gabinete de Sheinbaum fue impuesta directamente por él. «No creo que haya ningún tipo de problema en cuanto a decisiones que alteren lo que inició López Obrador y que ahora continuará Sheinbaum», subrayó Bolio.
Un futuro incierto
La reforma al Poder Judicial representa un cambio significativo en cómo se estructura y opera el sistema judicial en México. Si bien algunos argumentan que estas medidas son necesarias para democratizar el acceso a la justicia, otros advierten sobre los peligros inherentes a una mayor politización y falta de transparencia.
A medida que se acerca su implementación, los analistas estiman que será crucial observar cómo estas reformas impactarán no solo al sistema judicial sino también a la confianza pública en él.
Perciben, además, que la forma en que se aborden estos desafíos determinará el futuro del estado de derecho en México y su capacidad para garantizar justicia equitativa para todos sus ciudadanos.
FUENTE: Entrevista a René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos. Reformajudicial.gob.mxl. DW, El País
