Tras superar la aprobación de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la propuesta impulsada por López Obrador tiene la mesa tendida para que el pleno del Congreso lo apruebe al inicio de la nueva legislatura el 16 de septiembre, cuando el oficialismo obtendría la mayoría calificada de diputados, y el presidente izquierdista la promulgue antes de que concluya su mandato, el 30 del mes entrante.
La controversial reforma que incluye, entre otros puntos, la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir del próximo año, la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina, ha generado una serie de protestas en el país azteca, incluida la paralización de los tribunales en una veintena de estados.
“Esa no es una reforma mexicana, esa es una reforma transnacional del socialismo del siglo XXI, que está destinada a copar, cooptar y manipular el Poder Judicial. Es un mecanismo para quitar la independencia del Poder Judicial, haciéndolo depender de un sistema de elección donde hay una manipulación política”, asegura Carlos Sánchez Berzaín, director del Interamerican Institute for Democracy, con sede en Miami, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.
Advierte que este mecanismo “peligroso” busca la “desaparición” de la separación e independencia de poderes y, en consecuencia, la “desaparición” del Estado de Derecho y la vigencia de la ley. “El hecho de que México camine por ese rumbo no es sino el avance de un gobierno paradictatorial (al servicio de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela) como el de López Obrador, que está destruyendo de a poco la institucionalidad democrática de México”, explica.
“La justicia no va a ser imparcial”
Para el analista mexicano José Manuel Urquijo, maestro en Comunicación Política y Gobernanza de la Universidad George Washington, López Obrador hace un diagnóstico “correcto” del Poder Judicial, al argumentar que en lugar de servir al pueblo sirve a las élites económicas, empresariales y políticas del país. No obstante, considera que la solución que promueve no resuelve el problema, sino que lo agudiza, puesto que, entre otras cosas, partidizaría la justicia.
“Si hoy por hoy está cooptada por quienes tienen el poder en las élites económicas, mañana va a estar cooptada por quienes tienen el poder político. Entonces, la justicia no va a ser imparcial ni justa ni independiente”, señala en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.
A su juicio es una “falacia” que la elección popular de más de 1.600 cargos judiciales bajaría los costos del acceso a la justicia, en vista de que un proceso de votación de esa magnitud requeriría, prácticamente, de los mismos recursos económicos de unos comicios presidenciales, según estimaciones del Institucional Nacional Electoral (INE) mexicano.
Agrega que la reforma, que reduce el número de ministro de la CSJN de once a nueve, no toca los ministerios públicos ni las fiscalías, que es donde donde los mexicanos “sufren el día a día de un Poder Judicial que no atiende al pueblo, que se vuelve difíciles” y es en donde inicia la corrupción de los jueces.
“Es necesaria una reforma al Poder Judicial, pero no en los términos en los que la plantea el presidente (…) La reforma judicial viene a tocar otro tipo de intereses que no necesariamente son lo que le benefician al pueblo (…) Lo que se busca no es reformar el sistema de justicia para mejorar o garantizar el acceso de los más pobres, sino que pareciera más bien que se trata de buscar control”, indica Urquijo.
La Corte Suprema, que ha servido de contrapeso para el Ejecutivo en el último sexenio, corre el riesgo de perder su autonomía. Con la sobre representación de diputados del partido oficialista Morena en el Congreso, aprobada por el INE, y una renovación de la CSJN, los mexicanos temen que la función contralora del Poder Judicial sea anulado y el gobierno reforme la Constitución sin dificultad.
El patrón del socialismo del siglo XXI
A la reforma judicial, se le suma la eliminación de siete órganos autónomos encargados de “vigilar” al poder, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados el pasado 23 de agosto.
Las funciones de estos siete organismos, que velaban por la transparencia de las decisiones, presupuestos y acciones de las instituciones públicas, serán asumidas por las secretarías de Estado, como la de Energía, Economía, Infraestructura, Función Pública y Educación. “El gobierno va a ser juez y parte. Entonces, ¿cómo podemos confiar en la información que va a proporcionar el Estado a través de estas instituciones, que van a ser absorbidas por las secretarías?”, cuestiona el analista mexicano.
La reforma judicial, la supresión de entes autónomos y la mayoría absoluta en el Congreso, despiertan suspicacias en la población mexicana, por sus semejanzas con las políticas implementadas los gobiernos socialistas de la región. “Es lo mismo que hemos visto en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia. Esas referencias generan muchas dudas e incertidumbre (…) Es el temor del autoritarismo absoluto y el fantasma de la dictadura, aunque se viera lejas”, señala.
Aunque, descata, en México lo que se evidencia actualmente es “un esfuerzo por cambiar puntos medulares de la Constitución que van a cambiar el Estado, el sistema de gobierno” tal cual se conoce.
Llevando a México al límite
Si bien aún existe casi un “apoyo ciego” a la reforma judicial, sustentada en el respaldo de AMLO, esta ha perdido progresivamente el respaldo ciudadano en los últimos meses, al pasar de 64% en enero a 44% en agosto, según el seguimiento de encuestas nacionales de El Financiero.
México ha registrado pequeños fosos de protesta en más de 20 estados y en la capital, donde el pasado 25 de agosto marcharon cientos de personas bajo la consigna de “¡Somos los guardianes de la Constitución!”.
El politólogo Carlos Sánchez Berzaín asegura que López Obrador, al insistir en una “castrochavización” que puede calificarse de “alta traición a la patria”, está “destrozando el nacionalismo mexicano” para ponerlo al servicio de las dictaduras Cuba y Venezuela, llevando a México al límite de “su templanza”.
“Si avanza, vamos a ver un México menos democrático, sin separación e independencia de poderes; un México más socialista en los términos del castrochavismo (…) Eso sería muy peligroso porque México es un país de gente libre, que va a terminar por rechazar eso pero la respuesta puede ser violenta (…) México tiene una cosa que se llama Revolución Mexicana, que es un grito de libertad. En la medida en que se afecte ese principio de libertad, cualquier cosa puede pasar”, subraya.
